El Defensor del Pueblo investiga a Motril por el retraso en la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones

La entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones aplicará restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos contaminantes para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del aire. Esto provocará que muchos coches no puedan acceder al centro de la ciudad desde el momento en el que se active porque de hacerlo podrán ser multados.

La localidad aún no ha anunciado medidas para la instalación de Zona de Bajas Emisiones pero, a raóiz de otro proyecto para digitalizar la ciudad y controlar el tráfico (SMART City), el Ayuntamiento de Motril ha instalado ya las cerca de 40 cámaras que controlarán el tráfico de la ciudad y servirán también para ofrecer información a los vecinos sobre el estado de los accesos o aparcamientos en distintos puntos de la localidad costera.

Las primeras cámaras se han instalado en la rotonda de la rambla de Los Álamos, en las inmediaciones del Alcampo y el centro comercial, en la bajada a la playa por la rambla de Las Brujas, así como en los accesos a la ciudad desdeel recinto ferial. Todos estos puntos son zonas clave y accesos importantes de Motril. La puesta en marcha de estas cámaras de videovigilancia corresponde a un programa encaminado a construir una ciudad inteligente y tecnológica. El Ayuntamiento ha garantizado que, una vez finalizado el proyecto, quien tendrá acceso completo a las grabaciones será exclusivamente la Policía Local y habilitará 200 sensores de aparcamiento para conocer el estado de las plazas de carga y descarga y las plazas de movilidad reducida a través de una aplicación, mecanismos que podrían emplearse después para controlar también la zona de bajas emisiones.

El Defensor del Pueblo ha recordado que los municipios de más de 50.000 habitantes debían de haber establecido su zona antes del 1 de enero de 2023. Respecto a las actuaciones de oficio, abiertas por el Defensor del Pueblo, ha destacado que siguen dos criterios. Por razón del número de personas afectadas por la contaminación y el nivel de retraso en la tramitación, se van a investigar los municipios de más de 50.000 habitantes cuyos ayuntamientos no han iniciado aún los trámites

Aranjuez, Arganda de Rey, Coslada, Tres Cantos y Valdemoro, en la Comunidad de Madrid; Arona, Granadilla de Abona y San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife; Puerto de Santa María y San Lúcar de Barrameda, en Cádiz; Baracaldo (Vizcaya), Calviá (Mallorca), Cerdanyola del Vallés (Barcelona), Ferrol (A Coruña), Mijas (Málaga), Motril, Orihuela (Alicante) y Telde (Gran Canaria) son algunas de las localidades que no han iniciado trámites.

Por su parte, han iniciado la tramitación de la ZBE pero van con retraso en su implantación, el Ayuntamiento de Málaga, Murcia, Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Alicante y Córdoba. Finalmente, ocho municipios están suspendiendo o dando marcha atrás lo hecho hasta el momento: Ayuntamiento Badalona (Barcelona), Valencia, Gijón, Valladolid, Castellón de la Plana (Castellón), Lorca (Murcia), Majadahonda (Madrid) y el Ayuntamiento de Elche (Alicante).