Las 400 familias afectadas por el deslizamiento de los Cármenes del Mar estiman la reparación cuesta 21 millones
Los vecinos reclamarán el dinero del seguro de responsabilidad civil a la constructora para que la Junta y el Ayuntamiento arreglen la urbanización
Pilar garcía-trevijano
Almuñécar
Lunes, 16 de diciembre 2019, 01:24
«Cabe un puño en las grietas de la pared». «Tengo dos órdenes de desalojo –una firmada en el 2011 y otra en 2015–, pero ... ningún sitio al que ir. Vivo en esta casa desde hace 17 años y es lo único que tengo. Es la inversión de mi vida y me quedan otros ocho años de hipoteca», lamenta Ignacio Martín, uno de los 34 propietarios de la urbanización Cármenes del Mar de La Herradura con la casa precintada y sin alternativa residencial. Los habitantes de esta zona de Almuñécar han encontrado su propio Calvario en pleno monte de Cerro Gordo. Una década de pleitos y de visitas a los tribunales no ha logrado resolver los problemas de los afectados. Las grúas llegaron a los acantilados, zona que padece continuos deslizamientos, a finales de 1990 para construir las viviendas y transformar en una pesadilla el idilio de 400 familias que compraron una casa frente al mar por precios que rondaron los 100.000 euros.
En 2006 a las viviendas les empezaron a salir arrugas. El sueño de sus propietarios se resquebrajaba por los deslizamientos de tierra que han dejado en estado ruinoso más de 100 casas y obligó a demoler la fase más próxima a la línea de costa. La urbanización de alto standing es ahora un conjunto de casas inclinadas, escombros y carteles de 'Se vende'. No hay escapatoria. La decadencia del ladrillo y los desperfectos graves en las construcciones son una rémora para la venta de las casas.
Consideran que son víctimas de una estafa inmobiliaria que ha dejado sus hogares en riesgo de colapso y derrumbe, según aseguran ellos y constatan varios estudios geotécnicos de la Universidad. A principios de noviembre el Tribunal Supremo ratificó la sentencia de la Audiencia de Granada que dio la razón a los vecinos en 2017. El alto tribunal desestimó el recurso extraordinario presentado por los responsables de la construcción (Comarex) y los condenaba de nuevo a subsanar los daños. Se acordó como medida cautelar acometer obras de emergencia –iniciativa que también apoyó el Parlamento andaluz en una Proposición No de Ley que no ha tenido ningún efecto– las promotoras se declararon insolventes y dejaron en un limbo jurídico a los afectados.
Con la sensación de que la administración les ha «dado de lado», le pedirán a la nueva Junta que se encargue del proyecto para unir una urbanización. Hilario Aranda, abogado de la comunidad de vecinos, dirigirá la ejecución de la sentencia contra los condenados. Abrirá una pieza judicial en paralelo al pleito presentado en 2010 para reclamar el dinero de los seguros de responsabilidad civil, ya que las empresas urbanizadoras han liquidado y no van a poder ejecutar las reformas. El letrado afirma que el coste para sellar y volver a erigir el sueño de los propietarios está por encima de los 21 millones de euros. La intención de los vecinos es entregar los fondos a la Junta y al Ayuntamiento de Almuñécar, a quienes consideran responsables subsidiarios de su catástrofe. Han retomado el contacto con las administraciones y se reunirán con Antonio Granados, delegado de Fomento, el 19 de diciembre.
Hace dos años la urbanización Los Altos demandó a Ayuntamiento y a la Junta que ejecutasen las obra. El proceso está muy avanzado y esperan que en el año 2020 se resuelva el contencioso para devolver la fe a estos «vulnerados» vecinos.
«Para otorgar licencia de construcción, el Ayuntamiento tiene que recepcionar la urbanización. Almuñécar recalificó el solar y lo transformó en urbano durante la etapa de Benavides», dice Aranda. «En 2006 se detecta un movimiento de tierra y se presenta un proyecto en el Consistorio para estabilizar la ladera que sólo se ejecutó al 10%. Sin embargo se terminaron las obras y el Consistorio entregó el certificado final y la cédula de habitabilidad. Es una gran contradicción porque no se había arreglado y, en mi opinión, esto es una estafa», explica. «El promotor conocía que no era el sitio idóneo para construir y el Ayuntamiento no debió recalificar el terreno», concluye.
Nueva queja al Defensor
La presidenta de la comunidad, Dolores García Raya, y su marido Manolo Díaz, han presentado un nuevo escrito al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, que ya trató de mediar con las administraciones en 2016 sin lograr resultados. Esperan que esta vez la voz de los andaluces logre romper la desidia. «Es una catástrofe nunca piensa que tu casa se puede caer sin que las administraciones te protejan, pero en 2018 se construyó una mesa técnica con el Gobierno para solucionar el problema y sólo se reunieron una vez», critica Ricardo López, otro de los afectados.
El nuevo concejal de Urbanismo, Francisco Javier Garcia, lamenta la situación que atraviesan los vecinos y se compromete a poner de su parte para resolver el agravio. «Con la solvencia económica del Ayuntamiento es difícil, pero vamos a tratar de llegar a buen puerto. Empatizo con los vecinos. Sé que es un problema gravísimo y todas las administraciones que han metido mano allí tienen culpa, menos los afectados que sólo compraron una vivienda», sentencia.
IDEAL se puso en contacto con la Junta para saber si tomara medidas, tal y como se comprometió la actual consejera de Fomento, Marifrán Carazo, o si accederá a ejecutar las obras sin haber obtenido aún respuesta.
Los afectados quieren impugnar la construcción de un nuevo acceso
El municipio sexitano iniciará los trámites para la construcción de un vial de acceso a la urbanización de los Altos de Cármenes del Mar, tras aprobar en el pleno de agosto por unanimidad una moción presentada por Convergencia Andaluza. La medida se divide en cuatro puntos.
Primero los servicios técnicos municipales elaborarán la propuesta de modificación puntual del PGOU para que se contemple un vial de emergencia alternativo al «intransitable» vial existente, declarando la tramitación de urgencia, por razones de seguridad pública. Paralelamente se redactará el proyecto de este nuevo acceso en base a los estudios técnicos presentados por la Comunidad de Propietarios. El edil de Urbanismo manifiesta que
la tramitación sigue su curso. «Se estudiaron varias zonas para hacer el acceso. La primera la desestimó la Junta porque ocupaba parte de paraje natural y la otra era inviable por la orografía. Estamos tramitando la calificación ambiental y reformando el planeamiento del PGOU lo más rápido posible», apunta Francisco Javier García.
Sin embargo, la comunidad de Los Cármenes muestra su rechazo frontal y trata de impugnar la decisión. «Los residenciales Alto y Balcón no tienen graves desperfectos, pero están afectadas. Se están rompiendo las conducciones de agua potable y de saneamiento», relata el abogado. «Hemos impugnado la moción. Es imposible hacer un vial alternativo. Lo que procede es arreglar el que hay y crear un acceso alternativo para tener dos salidas», añade.
«Es imperante arreglar la urbanización. El acceso está a punto de colapsar y ya se ha ido parcialmente. El ingeniero ha recomendado su cierre o reparación urgente pero nadie hará nada hasta que pase algo», critica.
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