La cuarentena de los inmigrantes acaba en los juzgados
Las resoluciones de la Junta, avaladas por los tribunales, obligan a la Policía a trasladar a posibles casos de Covid para aislarlos, entre críticas de los agentes
pilar garcía-trevijano
Miércoles, 30 de septiembre 2020
A raíz de la crisis sanitaria, a los inmigrantes rescatados en patera se les somete a test rápidos y pruebas PCR para evitar posibles contagios ... a su llegada al puerto de Motril. Si se detectan casos positivos, la Junta de Andalucía –autoridad sanitaria competente– activa el protocolo para proceder al traslado de los afectados y sus contactos desde el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) hasta alguno de los albergues habilitados para que guarden cuarentena. El transporte de los casos sospechosos de coronavirus, que deben aislarse en los recursos habitacionales que determine la administración andaluza, los han efectuado hasta la fecha agentes de la Policía Nacional.
Pero la intervención de la Policía Nacional en estos desplazamientos ha generado cierta crispación entre agentes y sindicatos –que critican las condiciones en las que se producen los traslados y sostienen que no es su cometido– y debate entre la Junta y la Subdelegación del Gobierno sobre sus competencias.
La administración andaluza decide, avalada por los tribunales, qué inmigrantes deben aislarse, el lugar donde lo hacen y quién efectúa los traslados. Una situación que genera discrepancias porque la Subdelegación del Gobierno esgrime que la Policía interviene de «forma excepcional» en los transportes, pero que no es una tarea que deban asumir como norma.
Sin embargo, la Junta declara que el confinamiento y los medios para aislar a los positivos o los casos sospechosos se determinan a través de una resolución firmada por el delegado territorial de Salud, Indalecio Sánchez Montesinos, y «ratificada por los tribunales»: el transporte de los positivos lo realizan los servicios médicos, pero es la Policía Nacional la encargada de llevar a los que son contactos estrechos porque «se encuentran en las 72 horas de custodia» que corresponde a la Policía.
La Junta no comparte la polémica y el enfado de los agentes. Apunta que «todas las resoluciones que se han emitido hasta el momento han sido avaladas por los tribunales, incluyendo el método y la forma en que los inmigrantes son trasladados. «La autoridad judicial nos ha avalado en que sea la Policía Nacional la que tiene que hacer el traslado de los inmigrantes que son contacto estrecho o que deben ser aislados», destacan.
Para frenar el malestar, el Gobierno andaluz hace un llamamiento a la colaboración con la Subdelegación: «No hay que buscar polémicas. Es el momento de trabajar juntos y unidos. Agradecemos la gran labor de los agentes».
Por su parte, la Subdelegación del Gobierno señala «que no está en sus competencias hacer traslados por cuestiones sanitarias de personas que no están detenidas». En declaraciones a este medio, fuentes de la Subdelegación manifiestan que los agentes cumplen con la custodia de los inmigrantes durante 72 horas, periodo en el que la Junta tiene que articular los mecanismos de traslado. Hasta la fecha la Subdelegación ha dado respuesta a las solicitudes de la administración andaluza de forma «excepcional», algo que «no debe tomarse por norma».
En la misma línea que la administración andaluza, las fuentes de la Subdelegación del Gobierno consultadas por este periódico ponen de manifiesto la intención de que se mantenga la cooperación entre administraciones para «no crear controversia o alarma innecesarias en cuestiones sanitarias». Además, señalan que el Ejecutivo está recurriendo, a través de la Abogacía del Estado, las ratificaciones judiciales que obligan a los agentes a efectuar los traslados.
Presentan una queja al Defensor del Pueblo por «falta de atención de la Junta» a personas con Covid en el CATE
La oenegé Emergencia Frontera Sur ha interpuesto una queja ante el Defensor del Pueblo determinar si se cumplió correctamente con el protocolo de aislamiento y detección de casos de coronavirus por parte de la Junta de Andalucía durante la llegada de personas inmigrantes al CATE de Motril. Consideran que no se las atendió correctamente. El Centro de Atención Temporal de Extranjeros de Motril acogió la semana pasada a 104 inmigrantes y según los sindicatos policiales personas enfermas con Covid-19 estuvieron en contacto con el resto de llegados. En su queja, la organización pone de manifiesto el riesgo para la salud que suponen para las personas bajo custodia, ya que «han convivido enfermos de Covid-19 con personas que no tenían la enfermedad en un espacio reducido». «Su actuación vulnera los protocolos establecidos y expone a estas personas a un posible riesgo de contagio», mantiene la organización. La oenegé pide auxilio a este órgano para determinar si se cumplió correctamente con el protocolo de aislamiento y detección de casos de coronavirus por parte de la Junta de Andalucía.
Por su parte, el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), César Calín, denuncia que en algunos de los casos las pruebas PCR para detectar el virus se realizan con demora, lo que «pone en peligro a los agentes y a las personas retenidas en el CATE», y que los traslados se efectuaron tras finalizar la cadena de custodia de los agentes (los inmigrantes solo pueden permanecer en el CATE 72 horas antes de su puesta en libertad).
«Sin mamparas»
El sindicato critica que el transporte hasta albergues de cuarentena como el de Víznar o el de Torremolinos se realizan en autobuses sin mamparas, con ventilación deficiente y sin personal sanitario que los acompañe. El SUP exige más medios de protección y pruebas rutinarias para evitar contagios durante las atenciones a inmigrantes e insta a buscar soluciones para evitar que se produzcan más aglomeraciones en el CATE, después de que la semana pasada coincidieran hasta 104 inmigrantes cuando la capacidad está establecida en 80 personas.
Tras las acusaciones por parte del SUP de las condiciones en las que trabajan los agentes y las aglomeraciones que se producen en el recinto, que actualmente alberga a 42 personas, la Subdelegación reitera que se toman todas las medidas oportunas para garantizar la seguridad.
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