Concluyen las obras para borrar la gran chapuza de la fachada de la comisaría de Policía de Motril

El Gobierno central invirtió casi tres millones de euros en la construcción de aquella nueva comisaría que se inauguraba a lo grande con la visita de los que entonces eran el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón y el subsecretario del Ministerio del Interior, Justo Tomás que recorrieron satisfechos el edificio junto al alcalde de la ciudad, Carlos Rojas.

Ninguno de los asistentes a la inauguración sospechaba por entonces que el flamante edificio venía con sorpresa. No tardó en denunciarlo el Sindicato Unificado de Policía, que puso el edificio en su punto de mira cuando, nada mas terminar el acto de inauguración, advertía que en los carteles y las placas conmemorativas se habían 'colado' erratas y que las ventanas no se ajustaban. Una anécdota que denotaba el poco cariño que le había puesto la constructora al remate de la obra... Y aquello era solo la punta del iceberg. Pasados unos meses, las primeras placas que recubrían la fachada del edificio comenzaron a volar –literalmente– en los días de vendaval y el paso del tiempo fue agravando el nivel de los desprendimientos y destapando por completo la chapuza del sistema constructivo que se había empleado para recubrir el edificio. En el año 2014, tras años de denuncias del SUP, el Gobierno reconoció que la obra estaba llena de «vicios ocultos» y se valló por seguridad el perímetro de este edificio, paradigma de los años del pelotazo y de las obras mal hechas. En este caso, la responsable era una constructora que terminó en concurso de acreedores y contra la que el Gobierno emprendió acciones legales.

Ante este escenario, en marzo de 2016 el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, visitaba la comisaría de Motril y anunciaba que el Gobierno no iba a esperar a que se resolviese el procedimiento de reclamación que había interpuesto contra la empresa. Había que garantizar la seguridad del edificio y el Gobierno lo haría con fondos propios, independientemente de proseguir la batalla judicial contra la constructora.

Los prolapsos de las placas de la fachada y dinteles del edificio se debían al mal montaje y la mala ejecución de un sistema constructivo que además estaba descatalogado por lo que no era posible la reparación. Había que volver a recubrir la fachada y el arreglo no iba a ser barato. El Gobierno liberaba una partida de 790.000 euros para financiar el proyecto y fijaba el inicio de las obras para finales del verano de 2016.

Pero los planes se torcieron. Al Gobierno le pilló el toro con la tramitación administrativa y finalmente se perdía la partida asignada en el Presupuesto General del Estado de 2016, con lo que la obra volvía a quedarse en al aire. El contratiempo lo solventaba meses después el Ejecutivo de Rajoy volviendo a sacar a concurso la obra, que finalmente comenzaba en agosto de 2017, un año después de lo previsto.

La constructora encargada de los trabajos ha sido la empresa Ingeniería de la Construcción Cordobesa S. L. que además los ha ejecutado con una rebaja considerable sobre el presupuesto inicial, exactamente 483.616,98 euros. Las obras tenían un plazo de ejecución de siete meses y tenían que estar finalizados para el 8 de marzo de este año. Han tardado poco más. Desde hace al menos tres semanas las vallas, contenedores y cartel de las obras se retiraron y la comisaría de Motril luce, por fin, una fachada con placas que no vuelan. La historia de la chapuza ya tiene punto final.