Citan a declarar a la alcaldesa de Motril como investigada por un presunto delito de malversación
La regidora habría empleados fondos del grupo municipal del PP para pagar una multa derivada de una condena judicial por injurias
El juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Motril ha citado a declarar el próximo 19 de junio como investigada a la alcaldesa ... de Motril, Luisa García Chamorro, por un presunto delito de malversación de caudales públicos. La regidora habría usado dinero de su grupo municipal (PP) en el Ayuntamiento para pagar una multa derivada de una condena judicial por injurias. En el auto, en poder de este medio, el tribunal también cita a la exsecretaria del grupo municipal y a una exconcejal por su implicación en los hechos.
En el año 2016, García Chamorro, que ostentaba el cargo de vicepresidenta primera de la Diputación Provincial, delegada de Fomento y Obras Públicas y consejera delegada de la empresa Provincial de Vivienda, Suelo y Equipamientos de Granada (Visogsa), fue condenada como autora de un delito de injurias graves con motivo de unas declaraciones en una rueda de prensa contra el exgerente de Visogsa.
Según recoge el tribunal, la alcaldesa ordenó «en su beneficio» los días 4 y 7 de noviembre de 2019 y 14 de febrero de 2020 la realización de dos transferencias por un valor total de 4.600 euros desde la cuenta corriente que el grupo municipal del Partido Popular de Motril tenía abierta, a su cuenta personal con el fin de emplear estos fondos al pago de la multa a los que estaba obligada «de forma personal» y a los que fue condenada como integrante de la Diputación, cargos «absolutamente ajenos» al grupo municipal del PP de Motril. Para el traspaso del dinero contó con la colaboración de la exedil Ángeles López Cano, que era la autorizada en la cuenta, y de la exsecretaria del grupo municipal.
Además, el magistrado apunta que concurren indicios de que, a su vez, la investigada recibió del PP en la Diputación Provincial de Granada otros dos pagos con un fin similar a través de un cheque. Por esta razón, el juzgado también llama como testigo a la senadora del PP Inmaculada Hernández para que identifique «quién ordenó la expedición del cheque y la transferencia». El tribunal hará declarar a la senadora para conocer si llegó a cobrarse el importe y solicita que aporte, si se dispone, de un extracto de la cuenta corriente del grupo del PP.
Por último, el juez solicita a las tres investigadas que depositen una fianza de 3.000 euros «para asegurar las responsabilidades» que pudieran imponérseles tras el juicio.
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