Chiti, la motrileña que ha resistido a seis intentos de desahucio

En el 2006, esta motrileña huyó con tres hijos de la familia que creía tener. Su pareja, que fue condenada, la maltrataba. Entró en un piso a vivir, pero no podía pagarlo y se mudó en 2008 con su hermano a la calle Jorge Guillén. Poco después, él se fue a trabajar a Suiza. Y en esa vivienda creó un nuevo hogar. De la puerta cuelga una herradura para atraer la buena suerte y dispersar el mal, por si acaso fallara la virgen de la Cabeza que hay debajo de la mirilla. Hasta ahora, aunque no se puede decir que haya vivido tranquila, le ha funcionado. Su suerte podría cambiar. La Sareb, un organismo creado para vender las propiedades que fueron recuperadas por los bancos, trata de desahuciarla. La ha denunciado y ha abierto una vía civil, ahora mismo en pausa, y otra penal. Hoy se enfrenta al primer juicio.

«Llevo viviendo aquí 16 años y se atreven a decir que he usurpado la vivienda cuando entré con llave, he pagado la comunidad y todos los gastos», dice. «Con la quiebra de Caixa Galicia, pasó a ser de la Sareb en 2012. En 2009 se denunció a mi hermano por incumplir el pago de la hipoteca y desde 2012 todas las órdenes de desahucio han venido a mi nombre», explica. Chiti ha trabajado en lo que ha podido. Se ha dejado las manos labrando la tierra y ha conseguido sacar adelante a sus 3 hijos. Indalecio, Davinia y Antonio. Su expareja le debe miles y miles de euros de la manutención, pero ella no quiere saber nada de él. Encarni también ha ayudado a criar a sus nietos. Su niña fue madre joven y, como buena abuela, le echó una mano y le dio un techo hasta que ella pudo independizarse. El menor de sus hijos ha cumplido 18 y con su mayoría de edad se han retomado los intentos de echarla de la vivienda.

Su hija, Davinia, defiende con uñas y dientes a su madre. «Jamás hemos entrado a la fuerza aquí. Ha pagado la comunidad cuando ni siquiera tenía que hacerlo porque el piso era de su hermano, ningún recibo ha faltado nunca y está empadronada aquí. No pueden demostrar que sea usurpación de vivienda [ocupación ilegal de una vivienda deshabitada sin el consentimiento de sus propietarios] porque entramos hace 16 años cuando era de su hermano y el banco siempre lo ha sabido», mantiene Davinia. «A mi madre le sobra coraje, ha hecho todo lo que ha podido y más por nosotros», añade.

En el año 2015, la mujer acampó 11 días en el Ayuntamiento de Motril y se presentó en Avra (Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía) en busca de ayuda. Según cuenta la afectada, la administración se comprometió a ayudarle en la gestión de un alquiler social. «Entre comillas soy okupa. Llevó los pagos de suministros al día y entro aquí con llave», resume.

Chiti manifiesta que lo único que quiere es seguir luchando para un alquiler social con el objetivo de tener una vida digna, pero no encuentra disposición en las administraciones. Está en riesgo de exclusión social desde 2006 y tiene de prestación el ingreso mínimo vital. De momento, tras sufrir un accidente en la pandemia, no puede trabajar.

En la casa que habita, vieja pero muy bien cuidada, no ha podido hacer reformas al no ser suya. Al baño y la cocina le faltan azulejos y el resto de la vivienda está conservada como «oro en paño». Hoy, Stop Desahucios Granada ha organizado una caravana de apoyo a Chiti.

Este medio se puso en contacto con Sareb para conocer su versión sin haber obtenido todavía respuesta.