El campo tropieza con otra crisis bajo plástico

La crisis de rentabilidad del campo no tiene precedentes y los afectados mantienen que el beneficio invernaderos «ya no es el que era» hace dos décadas. «Llevamos 15 años sufriendo lo mismo. Termina la campaña y pedimos créditos para superar la siguiente. El cultivo bajo plástico no es rentable. Nos estamos salvando algunos productores por las especialidades y variedades ecológicas», explica Marina Alonso, portavoz de Agricultura Viva en Acción y agricultora de Castell de Ferro.

El pepino, el pimiento, la judía, el tomate, el calabacín... Las 7.000 familias de la Costa que se dedican al cultivo, según cifra la COAG, sufren los picos de subida y bajada de precios. Por ejemplo, la media del precio del tomate que sale de los invernaderos de la Costa estaba en 0,71 euros por kilo en el año 2010. En las últimas semanas de la campaña 2020- 2021, el precio medio ha estado en torno a los 0,48 euros, una caída de más del 20%, de acuerdo con los datos del Observatorio de Precios, aunque los agricultores confían en que los precios remonten para cerrar esta temporada al menos con una media de 0,66 euros por kilo, valor que se alcanzó la campaña pasada. A los problemas tradicionales que tenía el sector (altos costes de producción, competencia desleal con terceros países, etc.) se le ha sumado la pandemia y el cierre del canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías)

«Las campañas van a la baja. Cubren los costes de producción en algunos casos. Los supermercados venden siempre a un precio similar mientras que a nosotros nos pagan menos por nuestros productos. Al cambio climático y la presión en la cadena de distribución hay que añadir ahora la pandemia. A casi todos los cultivos le faltan entre 20 y 30 céntimos más en origen para ser rentables», dice Miguel Monferrer, vocal de COAG. «El sector primario es esencial y no hemos parado de trabajar. Los mercados han seguido demandando producto y hasta junio se habían cerrado los meses con cierta normalidad, pero en septiembre, que empezó la campaña aquí, se ha notado de nuevo una bajada con las limitaciones y cierre de bares y restaurantes en España y Europa», añade. «Empezamos las movilizaciones en noviembre del año pasado y se repite la misma historia, pero con una crisis sanitaria de por medio. La ley de la cadena alimentaria no se cumple y no hay forma de que el Gobierno o Europa pongan freno», critica.

De los invernaderos de Granada y Almería salen miles de toneladas de verdura todos los años con destino a Europa. El 70% de la producción va para el mercado europeo, mientras que el 30% se queda en España, de acuerdo con la COAG. El producto granadino tiene que competir con las importaciones de terceros países como Marruecos, donde los costes de producción y la mano de obra son menores, lo que supone una competencia desleal con las hortalizas españolas.

En la misma línea, Nicolás Chica, apunta que es uno de los principales problemas del bajo rendimiento del plástico. «Las importaciones hacen perecer las nuestras y ahogan la rentabilidad de las hortalizas protegidas. Este hecho ha provocado que se estén abandonando algunos cultivos a favor de los subtropicales, aunque no todos los agricultores tienen tiempo para esperar tanto, ya que son cultivos que requieren de mucha inversión antes de obtener beneficio», añade. «En el inicio de la campaña bastantes productos han estado a la baja y esperamos que no afecte de nuevo al olivar».

En la Costa la producción de la judía verde hace años estaba extendida y cada vez menos agricultores se dedican a este producto tradicional al no obtener un margen de beneficios. La sandía, el melón e incluso el cáñamo industrial han ganado terreno. «Se está extendiendo la moda de cultivar cáñamo porque es rentable, ya que no hay mucha producción por ahora, pero siempre pasa lo mismo. Es lo que ha ocurrido con el pepino, un año de buenas cosechas hacen que los labradores se confíen y opten por un cultivo que luego se desploma», aclara Monferrer.

Roberto García, agricultor de Castell, se ha visto obligado a vender uno de sus invernaderos para «salir a flote» de una mala campaña. De tres hectáreas, se ha quedado solo con una en la que ha plantado pepinos y con la crisis que ha atravesado el cultivo no sabe si podrá llegar a la siguiente campaña. «Tengo ahorros del año pasado, pero si el precio vuelve a caer no podré pagar a los jornaleros», apunta.

La Junta de Andalucía urge al Gobierno central a que reforme la ley de la cadena alimentaria. La consejera, Carmen Crespo, pide «que sea de verdad una herramienta eficaz» en que se incluyan las alegaciones aportadas por la administración para resolver las incertidumbres que plantea ahora mismo la ley, especialmente sobre los costes efectivos de producción de las explotaciones.

«La nueva ley debe bloquear la competencia desleal y las situaciones de abusos que puedan surgir, de modo que sea el propio sector el que gestione otros problemas como las crisis de precios», manifestó la consejera en un comunicado. A la petición de la Junta, se suma Ecohal, organización que aglutina a las grandes comercializadoras de hortofrutícolas de la Costa granadina y Almería.

Nueva ley agroalimentaria

El gerente, Alfonso Zamora, denuncia que en este año de movilizaciones que ha vivido el campo, el Ministerio de Agricultura, no ha hecho «absolutamente nada» con el decálogo de peticiones que elaboraron las distintas partes de la cadena que forman el sector agrario. «Necesitamos que se controlen las importaciones, que la gestión del mercado sea homogéneo y que se analicen los productos que entran a Europa de terceros países», dice.

Mismas exigencias que solicitan desde Agricultura Viva en Acción: «Reclamamos más inspectores en las fronteras. Hay mucho fraude con el reetiquetado y cambian las etiquetas de productos que llegan de África, donde no hay tantos controles y se utilizan pesticidas prohibidos en España, y se les trata como si el origen fuera nacional», lamenta. «Si no se pone remedio a esto, la agricultura va a desaparecer. Año a año cuesta encontrar mano de obra», sentencia.