14 años de espera para recuperar las vistas al mar en la playa de Casarones

Una casa a medio construir –sobre la que pesaba una orden de demolición parcial porque la piscina que estaba proyectada en la vivienda y uno de los muros ocupaba una zona de servidumbre de protección marítimo terrestre– obstaculiza desde hace 14 años las vistas a sus vecinos, que piden a las administraciones que tiren de una vez por todas las construcción.

Después de que se paralizaran las obras por un procedimiento judicial iniciado en el año 2007, una resolución de la Junta de Andalucía instaba al propietario del inmueble a que derribara la parte afectada y restituyera la situación de las cosas. La demolición nunca ha llegado y para los vecinos del edificio Costa Rubite derivó en una serie de 'SOS desesperado', de misivas y denuncias sobre su situación ante las administraciones. Han llegado incluso a tocar a la puerta del Defensor del Pueblo en varias ocasiones sin que se haya conseguido que el edificio caiga.

Ahora, a manos de una nueva abogada, María Blanco, trataran de que se cumpla con la resolución. Blanco y los propietarios han remitido un requerimiento a Costas pidiendo que ejecute de forma subsidiaria el derribo. La abogada remarca la desesperación de los vecinos ante la «inactividad de las administraciones». Blanco explica que la sentencia por la demanda ante el tribunal Contencioso-administrativo quedó revocada por un fallo en el procedimiento, pero que la resolución de la Junta fue firme y que se debe cumplir con las obligaciones.

Si no se ejecuta la demolición en un plazo razonable, los propietarios presentarán una nueva demanda. Los vecinos no se quedarán de brazos cruzados y continuarán con su rosario de escritos y peticiones a quien esté dispuesto a oír.

Este medio se ha puesto en contacto con Costas para saber si procederán al derribo de la construcción que afecta a la zona de servidumbre. La demarcación explica que, efectivamente, la resolución del expediente sancionador establece que el titular del edificio debe llevar a cabo a la restitución de la servidumbre de protección a su estado anterior al inicio de las obras, pudiendo llevarse a cabo la ejecución subsidiaria en caso de no efectuarse dicha restitución de forma voluntaria –algo que hasta ahora no ha sucedido–.

Desde Costas apuntan que la administración competente para la gestión resolución de todos los expedientes que afectan a la servidumbre de protección (incluido el régimen sancionador) es la comunidad autónoma, le corresponderá a la Junta la ejecución subsidiaria que exige su propia resolución.

Fuera de sus competencias

Costas explica que ellos solo pueden actuar en caso de que los bienes se encuentren dentro de dominio público. «Las referencias que la abogada de la comunidad de vecinos aledaña al edificio abandonado hace de la Ley de Costas en relación con la obligación de la administración del Estado para la investigación de oficio sobre bienes y derechos de dominio público marítimo terrestre, así como la recuperación posesoria de los mismos y la exigencia de ejecución subsidiaria están hechos única y exclusivamente para bienes que se encuentran dentro del dominio público marítimo-terrestre, no para bienes privados que se encuentran fuera del dominio público en las servidumbre legales que estable la Ley de Costas», manifiestas.

La administración cuenta que recibieron la solicitud de la comunidad de vecinos y se ha dado traslado a la Junta de Andalucía «directamente».

Este medio se ha puesto en contacto con la Junta para saber si intervendrán en la construcción.