Los agricultores buscan vías para regar cuanto antes con el segundo tramo de Rules

Los regantes se reunieron con la Junta Central de Usuarios de Almuñécar y acordaron priorizar la ejecución del segundo tramo (desglosado 3), que va desde Béznar hasta Jete, y buscar la forma de que, con ese tramo ya terminado, se pueda empezar a regar también a los agricultores del desglosado 4, que abarca desde Jete hasta La Herradura, utilizando las tuberías secundarias que ya existen en muchas comunidades de regantes.

La obra entera tiene un coste de más de 80 millones de euros, y ahora mismo el dinero tiene que salir del bolsillo de los propios regantes. Por eso, seguir adelante con los dos tramos sería, en palabras de los propios agricultores, «una locura». Lo más realista, dicen, es centrarse en terminar el tramo 3 cuanto antes y buscar una solución provisional que permita aprovecharlo para más zonas.

La idea puede parecer complicada, pero en realidad es bastante sencilla: como ahora mismo no se puede pagar la obra completa, la solución pasa por utilizar lo que ya está hecho y aprovechar la red secundaria de tuberías que tienen muchas comunidades para que el agua llegue hasta los campos del tramo siguiente. Es decir, que aunque el desglosado 4 no se haga de momento, sus campos sí podrían empezar a recibir agua si el desglosado 3 se pone en marcha. Esto supondría un alivio enorme para cientos de agricultores que llevan años esperando, con la presa llena pero sin una gota de agua para sus tierras.

Aunque los regantes no se oponen a que se construya el desglosado 4 en un futuro, reconocen que hoy por hoy es económicamente imposible hacer los dos tramos a la vez sin ayudas. Tras quedarse fuera de los fondos europeos y sin alternativa de financiación por parte del Gobierno, han tenido que echar cuentas. Un informe económico encargado por la propia Comunidad General de Regantes calcula que, solo para costear el desglosado 3, cada comunidad tendría que pagar unos 1.400 euros al año durante 30 años. En total, unos 3.500 agricultores de veinte comunidades distintas tendrían que afrontar este gasto con sus propios medios.

A partir de ahora, se hará un estudio técnico urgente para comprobar si las redes secundarias existentes pueden asumir el paso del agua y permitir que se riegue con normalidad mientras llega el resto de la infraestructura, dicen. Si todo marcha según lo previsto, esta alternativa ahorraría tiempo y dinero.

Desde Subdelegación del Gobierno destacan que el proyecto del desglosado 3 está culminado y listo para ejecutarse por Acuaes, una vez que se firme el convenio. «Cualquier fórmula que permita la licitación y ejecución del proyecto nos parece bien», explican. Además añaden que «no se puede perder la oportunidad histórica de un Gobierno de España dispuesto a hacer la obra de manera inmediata, sin perjuicio de la recuperación de costes a 30 años una vez que el agua esté llegando a las explotaciones».

Por su parte, desde la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo lamentan la falta de implicación tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno central. Aseguran que llevan años pidiendo colaboración para una obra clave para el desarrollo agrícola de la zona, pero las respuestas han sido pocas o directamente nulas.

Lo único claro es que el agua está embalsada, pero no puede usarse. Y para muchos, eso es como tener un coche sin ruedas: sirve de poco. «No tiene sentido haber invertido tanto dinero público y privado en una infraestructura que no se puede usar si no se remata lo más importante: llevar el agua al campo», explicaron.

Los agricultores están agotados, pero no se rinden. Han decidido actuar por su cuenta porque no pueden permitirse esperar más.

La alternativa permitiría regar 5.250 hectáreas repartidas entre 19 comunidades de regantes de municipios como Almuñécar, Jete, Ítrabo, Los Guájares, Molvízar, Motril, Salobreña y Vélez de Benaudalla.

Esta zona es una de las que más ha sufrido la sequía en los últimos años, especialmente el valle del Río Verde, donde muchas explotaciones agrícolas están en riesgo de desaparecer si no llega el agua pronto.

La ejecución completa de las obras se calcula en unos cinco años.