Los afectados por las expropiaciones de Rules exigen «precios justos» para sus fincas

Daños en riegos, perdidas en árboles, terrenos explotados que quedan inútiles, lindes de las parcelas destruidas, muros de protección hechos añicos, inundaciones en cortijos… y un sinfín de contratiempos que hacen que una obra histórica que esperaba el litoral desde hace 20 años se torne amarga.

Los agricultores, que dejan claro que no se oponen a la infraestructura, lamentan el perjuicio para su patrimonio. Recibirán hasta un 80% menos por sus parcelas que cuando se expropiaron terrenos para construir la autovía. Hasta 60 euros por metro cuadrado, incluyendo todos los conceptos indemnizatorios y las correspondientes subidas del IPC, lograron hace menos de una década cuando arrancaron cachos de sus fincas para hacer la A-7. Ahora perciben que se les ha ofrecido solo unos 12 de media. En el caso de la expropiación forzosa por servidumbre los afectados perciben alrededor de cuatro euros. Por eso, exigen una revisión en los precios. Los damnificados por el desarrollo de las obras presentan alegaciones al considerar que las propuestas están muy lejos de los precios de mercado.

Las asesorías jurídicas y abogados consultados por los afectados consideran que el procedimiento empleado para expropiar los terrenos no cumplió todas las garantías. En muchos casos, sin antelación, se les citó en los consistorios para que firmaran el acta previa de ocupación. En las jornadas en las que tuvieron lugar las citaciones, se pretendía culminar el procedimiento también con la firma del acta de ocupación y de mutuo acuerdo cuando no se había delimitado con estacas las áreas afectadas. Un grupo de propietarios accedió a la oferta. Sin embargo, al menos medio centenar de damnificados plantean alegaciones.

AJT Asesores de Motril defiende actualmente a los propietarios de cerca de 40 parcelas expropiadas. El despacho, experto en expropiaciones que se hizo cargo de las reclamaciones de 350 afectados por las obras de la autovía, ha remitido escritos para renegociar los precios de las fincas tanto al Ministerio de Transición Ecológica, como a Acuaes, empresa dependiente del Gobierno responsable de la tuberías, así como a una consultora interviniente en el proceso. El despacho alega que los afectados no han contado con la información necesaria porque las administraciones no han expuesto el significado y consecuencia de los conceptos expropiatorios, al igual que no se ha especificado en qué basaban las valoraciones. «Se les convocó en una sala sin tiempo de reacción para que aceptaran o rechazaran una oferta que condiciona sus vidas», destacan Xavier González y Rafael Yanguas, asesores a cargo de los casos.

La cantidad que ofrece Acuaes no tiene en cuenta los gastos que se deben afrontar para devolver las fincas a su estado inicial. Tampoco tiene en consideración el lucro cesante y que una vez que concluyan las obras muchas fincas tendrán una merma de dominio. Incluso en el área donde se ubican las tuberías no se podrán volver a plantar subtropicales o las tierras, tras el paso de la maquinaria, tardarán en recuperarse para su labrado. Los asesores solicitan un acuerdo digno que no reduzca el patrimonio de los vecinos de la Costa. «No pretendemos un enriquecimiento, pero tampoco aceptamos que nuestros representados sufran el grave perjuicio que habría supuesto aceptar la oferta», apuntan. De los escritos remitidos, tan solo tres de ellos han obtenido contestación. Los afectados están inmersos en la tasación de sus fincas y otros peritajes para tratar de resolver este conflicto de intereses.

Pasos a seguir

Si no se alcanza acuerdo con Acuaes, el siguiente paso para los propietarios será la intermediación del jurado provincial de expropiaciones. Por último, solo quedaría agotar la vía de los tribunales ordinarios a través de un recurso contencioso-administrativo.

La Comunidad General de Regantes elabora un informe y sigue las obras para valorar qué infraestructuras agrarias colectivas se ven afectadas y pedir así su reposición. Por su parte, Subdelegación del Gobierno señala que Acuaes es la que hace las primeras valoraciones. Señalan que por lo pronto no han llegado expedientes de Rules al jurado provincial de expropiaciones. En cualquier caso, al ser una obra declarada de interés general, la actuación del jurado provincial no obstaculiza el desarrollo de la obra. Este medio se ha puesto en contacto directamente con Acuaes sin haber obtenido todavía respuesta. Las obras del primer tramo de Rules, el desglosado número 9, se han valorado en 60 millones de euros, montante entre el que se incluye las expropiaciones, y acabarán en 2026.