Vox será la acusación popular en los procesos contra siete alcaldes de la Costa por falta de depuración de aguas

La formación recuerda que existe una denuncia de la Fiscalía Provincial de Granada a los alcaldes de siete municipios de la Costa de Granada en los que se ha estado vertiendo aguas fecales sin tratar ni depurar a cauces públicos, comunidades de regantes y al Mar Mediterráneo, por la comisión de un presunto delito contra el medio ambiente. La sección de delitos urbanísticos y medioambientales ha constatado «documental y pericialmente» que se están vertiendo aguas residuales al cauce público sin tratar ni depurar, así como a la Comunidad de Regantes Vega Baja de Ítrabo sin autorización y ha advertido de que esa práctica podría ser no solo un delito contra el medio ambiente, sino también contra la salud pública.

Los denunciados son los alcaldes desde 2014 de Vélez de Benaudalla, Ítrabo, Molvízar, Sorvilán, Otívar, Jete y Albuñol. El tema, que ha sido remitido a los juzgados de Motril, partió de AMAYT (Asociación Mediterránea contra la Corrupción y la Transparencia, así como de la Comunidad de Regantes de la Vega Baja de Ítrabo, que denunció el caso formalmente en enero de 2018.

Desde Vox defienden que hay que pedir explicaciones a los ex presidentes de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, José García Fuentes y Sergio García Alabarce. «Tanto la institución responsable de depurar las aguas como la concesionaria (por incumplimiento del pliego de condiciones) tienen que asumir su culpa», increpan desde la formación política. «La vicepresidenta de la Mancomunidad, María Eugenia Rufino, también es responsable por adoptar una doble moral: En este asunto se puso de perfil, mientras que en el municipio en el que es alcaldesa adoptó medidas para intentar solucionar una mancha de aguas fecales», añaden. Y, por último, apuntan que María José Sánchez, actual alcaldesa de Albuñol y presidenta de la Mancomunidad también ha sido la delegada del Ciclo Integral del Agua y Hacienda.

La directiva Europea de Tratamiento de Aguas Residuales, la Ley de Bases de Régimen Local y la jurisprudencia del Tribunal Supremo establecen que los garantes de la depuración de las aguas son los municipios, aunque lleguen a convenios con otras administraciones para la instalación de depuradoras, «por lo que no hay más que buscar los nombres de los responsables municipales para dar con más culpables», concluyen desde Vox.