Motril se convierte en la primera puerta de inmigración clandestina a la Península

Hasta este mes de diciembre, los equipos de Salvamento Marítimo y la Guardia Civil del Mar han trasladado hasta el puerto de Motril a 1.750 personas rescatadas en alta mar; de ellas 129 son menores que venían acompañados, según datos de la Subdelegación del Gobierno en Granada. Es la cifra más alta de inmigrantes llegados a Motril desde el año 2006, cuando se rescataron a 1.952 personas de las embarcaciones que traban de alcanzar el litoral de forma clandestina. Hace cinco años, en 2011, también se vivió un año de inmigración muy similar a este 2016, con un repunte concentrado en los mismos tres meses, que dejó a 1.600 personas en Motril. Después los flujos fueron descendiendo hasta tocar suelo en 2014, con poco más de un centenar de personas.

Calma relativa

La relativa 'calma' en el tráfico de pateras parecía haberse instalado en Granada pero el repunte de este año 2016 coloca a Motril como primera puerta de entrada de la inmigración ilegal a la Península, después de unos años en los que Almería le había arrebatado este triste título. Según Salvamento Marítimo, aunque tanto en Tarifa (189 pateras) como en Almería se han interceptado más embarcaciones que en Granada (medio centenar), en número de personas es el puerto de Motril el que lidera el ránking de llegadas de inmigrantes. Así, hasta octubre Salvamento Marítimo trasladó a 1.600 inmigrantes Motril, por los 1.461 llevados a Tarifa y los 1.477 de Almería.

Pero, ¿cuál es la explicación de estos picos? ¿Por qué después de unos años flojos han llegado a Granada 1.750 personas rescatadas de pateras? El inspector jefe de Extranjera de la Comisaría de Policía Nacional de Motril, Antonio Cifuentes, alude a múltiples factores externos como condicionantes de los flujos de la inmigración irregular. Desde el cierre de fronteras de otros países como Grecia que puede trasladar más presión a España, hasta hambrunas por la sequía en algunos pueblos del África subsahariana o que Marruecos pueda relajar puntualmente sus controles. Otro factor que influye es la embarcación que sale al rescate de las pateras, ya que trasladan a los inmigrantes a su puerto base, Almería o Motril, una circunstancia que también hace variar las estadísticas provinciales.

«Es un cóctel de factores de difícil explicación al que hay que sumar los propios intereses de las mafias», concluye el inspector jefe de Extranjería. «Este año hemos vivido un trimestre excepcional de llegada de pateras tras un verano tranquilo. En agosto, por ejemplo, no se rescató ni una sola persona. Lo que está claro es que las rutas se hacen cada vez más peligrosas. Por razones de cercanía las embarcaciones con argelinos suelen ser rescatadas más cerca de las costas almerienses y las de subsaharianos en Granada», comenta el portavoz de la Policía Nacional en Motril.

Nuevo perfil

Los convenios internacionales han cambiado por completo el perfil de los inmigrantes que recibe ahora la Costa granadina. Así, los acuerdos con Marruecos permiten devolver a los inmigrantes de este país en un plazo de 72 horas, con la excepción de las madres y los menores. Esa es la razón de que apenas 78 marroquíes se hayan aventurado este año a cruzar el Estrecho en patera.

«Los marroquíes se han desviado a las costas italianas, porque con ellos no hay convenio de devolución», señala el inspector, que no obstante, indica que es la Comisaría General, a nivel nacional, la que investiga y tiene una visión más global del problema. «A Granada, por ejemplo, no ha llegado ningún sirio, a pesar de que tienen garantizado el estatuto de refugiados por venir de un país en guerra», apunta.

Los inmigrantes procedentes de países subsaharianos suponen el grueso de las personas trasladadas a Granada y el proceso de devolución a sus países de origen es mucho más complejo. Básicamente porque si no se sabe de dónde proceden no se les puede repatriar y cuando ponen un pie en el puerto de Motril todos aseguran a la Policía que proceden de países en conflicto para evitar su devolución. Saben perfectamente cómo funciona el sistema.

A partir de aquí, empieza el trabajo de la Comisaría General parar tratar de identificar a estas personas. Tras pasar un máximo de 72 horas retenidos en el centro de acogida temporal del puerto de Motril, los subsaharianos son trasladados a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), mientras el Gobierno trata de identificarlos. Si se cumple el tiempo máximo de internamiento previsto por la ley (60 días) sin que se haya culminado la deportación, el inmigrante es puesto en libertad.

Menor conflictividad

De ahí que los subsaharianos -conscientes de que tienen muchas papeletas de permanecer en el país- no tengan el ansia por escapar que mostraban los grupos de marroquíes, que incluso generaban conflictos durante las horas que permanecían recluidos en el centro de acogida temporal del puerto de Motril, custodiado por la Policía Nacional.

La Comisaría de Motril ha abierto las puertas de este centro -«que no es un CIE», reitera Cifuentes- a organizaciones como ACNUR, que han trabajado este año en el puerto, velando por el cumplimiento de los derechos humanos. «Todos los inmigrantes son entrevistados personalmente, con intérpretes y en presencia de abogados. Si alguno manifiesta que es menor se sube a Granada para hacerle el registro MENA y pasa a la tutela de la Junta. Al día siguiente se le practican las pruebas oseométricas con autorización de la Fiscalía. Es imposible que un niño duerma en el centro del puerto, ante la duda le damos siempre tratamiento de menor», explica el inspector jefe. Tanto él como su equipo están siempre «pendientes de mejorar, somos muy garantistas».

«La sociedad a veces ve nuestro trabajo como expulsar inmigrantes cuando nuestro objetivo máximo es protegerlos. Darles asistencia a los menores, a las mujeres, a todas las entrevistamos individualmente para evitar la trata... hacemos lo imposible», justifica el inspector jefe de Extranjería. Por eso, este año a Cifuentes no se le quita el disgusto de los dos grupos de inmigrantes a los que hubo que poner en la calle en Motril porque no había plazas en los CIES. En cinco años al frente del servicio jamás le había pasado algo así. Ese día la Comisaría llegó al límite de sus posibilidades. «Se intentó por todos los medios que les protegiera una oenegé, estuve al teléfono con Fomento y la Comisaría General hasta diez minutos antes de que se cumpliera el plazo máximo. Nuestro trabajo es hacer cumplir la ley, pero además de policías somos personas», sentencia.