Los regantes de Almuñécar llevarán al Defensor del Pueblo el protocolo de Rules

A juicio de los agricultores, que labran en la margen derecha del Guadalfeo, el acuerdo impulsado por la administración central «pisotea» sus necesidades «urgentes» de acceder al agua dulce que almacenan los embalses de Rules y Béznar y así paliar la salinización del acuífero que alimenta algunas de sus tierras, cuya calidad empeora cada vez que hay sequía. Y eso, por no hablar de las costosas facturas de electricidad que tienen que hacer frente cada mes por bombear el preciado líquido desde los pozos a sus explotaciones.

«El protocolo no es un convenio, es decir, no incluye ni financiación ni fechas concretas para su ejecución», lamenta en declaraciones a IDEAL Joaquín Cabrera, presidente de la asociación de Agua para el Campo. «Lo que nosotros queríamos era una partida específica en los Presupuestos Generales del Estado», agrega.

A día de hoy, los agricultores aseguran que están dispuestos a llegar hasta las oficinas de Jesús Maeztu en Sevilla y Soledad Becerril en Madrid, esto es, los defensores del pueblo andaluz y estatal, respectivamente. Quieren remitirles un escrito en forma de queja para buscar su amparo contra la «nula voluntad política» en el desarrollo de la presa.

«El proyecto supone un ahorro energético, el aprovechamiento de un recurso que hasta ahora se tira al mar y podría crear hasta 10.000 puestos de trabajo», defienden. «Tenemos una necesidad real, no podemos esperar más años».

Críticas a PP y PSOE

El descontento de estos agricultores bebe de varios temporales. El primero, es eminentemente político. Desconfían del gobierno central del PP y creen que el protocolo sólo va a «marear la perdiz». Pero, al mismo tiempo, también replican a los socialistas que, durante los siete años que gobernaron tanto en Moncloa como en San Telmo (entre 2004 y 2011), el proyecto no se moviera. «Estamos de acuerdo con las palabras de la delegada de la Junta, Sandra García, cuando dijo que esto es una mera declaración de intenciones y que no lleva a ningún sitio, pero hay que recordarle que ellos defendieron un convenio», señalan.

Cabe recordar que, en 2012, con una presa útil desde 2003, el Ejecutivo andaluz terminó apartándose y dejó este asunto en manos del Ministerio. El entonces consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, argumentó que estas actuaciones eran «competencia exclusiva» de Madrid, un 'peloteo' que hoy critican los miembros de Agua para el Campo. «En otras provincias, como Málaga, ha habido una unión total con el regadío», lamenta el portavoz de los agricultores.

Además, la frustración sobre esta firma -que se plasmó con el compromiso del Gobierno de liberar cuatro millones de euros para redactar el proyecto a partir de 2016- abre un debate en el Consejo General de Regantes del Bajo Guadalfeo, del que los trabajadores del campo 'críticos' forman parte.

Hoy, los agricultores del entorno de Almuñécar y La Herradura declaran que se han sentido «solos» en la defensa de sus intereses, unas disensiones que tampoco son una novedad. Agua para el Campo ha organizado recientemente distintas acciones de protesta. Todo, aseguran, para defender una producción «única» en Europa.