Carchuna-Calahonda demanda a la Junta por frenar su intento de independencia

No obstante, la Junta ha echado recientemente el freno a las aspiraciones segregacionistas de la ELA granadina, algo que allí no entienden. Por eso han decidido demandar al Gobierno andaluz.

«Empezamos el expediente de segregación en 2010 con un acuerdo plenario en la ELA. Cuando yo tomé posesión de la presidencia, al año siguiente, nos pusimos en contacto con el director general de las Administraciones Locales en Granada y había buena sintonía, pero cuál es mi sorpresa al ver que se cambia al director y veo que dan la independencia al resto de entidades locales menos a Carchuna-Calahonda, que se queda como dormido pese a ser el que tenía un procedimiento más claro para avanzar», relata indignada Abarca.

Y es que, cuenta la presidenta, en torno a 2011 hubo informes desfavorables desde Motril, el ayuntamiento matriz de la ELA, que desaconsejaron su segregación al manifestarse que tal acción no era viable por cuestiones económicas, algo que, dice, han desmentido. «Desde la Junta nos comunican que no nos la dan por dos cuestiones que la inexistencia de la franja territorial no urbanizable y ausencia de poder adquisitivo», enuncia.

En relación a la primera, asevera Abarca, «la ley del 93, que es con la que comenzamos el proceso, dice que tiene que haber más de 5.000 metros desde el kilómetro 1 del núcleo poblacional de Motril, que los hay, pero es que se ha medido desde el anejo de Puntalón... aparte de que no tenemos conurbación con Motril por la distancia y al encontrarnos separados por un túnel y una montaña, así que cumplimos la ley». Sobre la supuesta inviabilidad económica del Consistorio, argumenta que los informes actuales «sí varían con respecto a los anteriores que decían que no».

«Con Luisa García Chamorro firmamos un convenio cuando era la alcaldesa del municipio en el que aumentamos el importe a percibir ajustándose las cuentas, correspondiéndole a la ELA más dinero por la suma de tasas, PATRICA y PIE, estableciéndose un convenio de colaboración de 1.750.000 euros anuales», detalla. «Tras la reunión, nos convocó la Junta en Sevilla y nos dicen que hiciéramos un acuerdo plenario en el que Motril diga que se cambia la situación, pero se hace, se le manda y no sirve para nada», añade Abarca, quien estima que el Gobierno andaluz hace caso omiso de las alegaciones, por lo que no, incide, no le ha quedado otra que ir a los tribunales.

«Cuando nos dieron el 'no', que fue antes de las pasadas elecciones de mayo, preparamos la contestación; en septiembre la admitieron a trámite y ahora la demanda está en fase de contestación por parte de la Junta, y si hubieran dejado la puerta abierta se hubiera podido revisar el expediente, pero al concluir la fase de revisión no se puede, por eso debemos ir a juicio», determina la presidenta de la ELA, que posee 3.800 habitantes. «Y si no nos dan la independencia iremos al Tribunal Supremo, y más si siguen dándole a otras ELA la independencia... podemos mostrar que somos más suficientes, nuestras cuentas las tiene tanto la Junta como el Gobierno central y la actitud del Ayuntamiento de Motril es la de ayudar, sólo pido coherencia», apuntilla.

«Si presentábamos la demanda era porque es el único recurso que nos quedaba, porque sin ella, con la nueva ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, hubiéramos tenido que esperar otros cinco años para iniciar un nuevo expediente de segregación», concluye Abarca mientras hojea el voluminoso expediente de segregación que espera llevar algún día a convertirse en realidad.

Informe negativo

El proceso, iniciado en 2010, siguió la ley de 1993 «en la que la competencia para la segregación era de la propia ELA», desvela Eduardo de Linares, abogado de la Consultoría Integral de la Empresa y el Municipio (Ciem), sociedad encargada de llevar a cabo el proceso de Carchuna-Calahonda y que ha resuelto unos ocho expedientes de independencia, «siendo los últimos en Granada: Valderrubio (2013), Dehesas Viejas (2014) y Domingo Pérez, que se está ultimando».

«Interpusimos la demanda contra el Consejo de Gobierno y la Consejería de Gobierno de la Administración Local, por lo que ahora estamos en la fase de que contesten a la demanda», recuerda el letrado, quien resalta que los dos supuestos por los que no se concedió la independencia a la ELA motrileña (franja de suelo no urbanizable y economía) son «inexistentes». «En el primer aspecto se cumplía el requisito, mientras que con la economía se emitió un informe negativo por parte de un interventor accidental de Motril que no está habilitado... en este sentido, el Ayuntamiento matriz no ayudó al expediente, ya que de nada sirve aprobar en un pleno el expediente de segregación si el interventor no se ajusta a la realidad».

Debido a ese documento «la Junta ha estado atada de pies y manos ya que se basa en él». «De las últimas segregaciones la gran mayoría no han sido negadas; a municipios mucho menores y con menos posibilidades de autosuficiencia económica que Carchuna-Calahonda se las han dado, pero en este caso falló la colaboración con el Consistorio matriz», expresa De Linares.

«Ahora lo que se busca es que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía determine que se cumplían los requisitos para la segregación y se conceda; si no, habrá que ir al Supremo», concreta. Pero pese a todo, hay motivos para la esperanza. «Arroyo del Ojanco, en Jaén, se separó de Beas de Segura tras serle negado por la Junta y concedido por el Tribunal Superior de Justicia... se podrá tardar, pero las expectativas son favorables».