La Junta tumba la propuesta de regularización y creación de nuevos invernaderos de Motril

Basándose en que la agricultura sigue siendo la base de la economía de la Costa -y también del municipio motrileño-, a instancias de los propios agricultores, el Ayuntamiento de Motril vio que era necesario modificar el «restrictivo» PGOU para regularizar invernaderos que ya existían antes del plan de ordenación urbana y que se han quedado «en un limbo» y para desbloquear nuevo suelo en el que se puedan implantar fincas bajo plástico.

El teniente de alcalde de Agricultura, Nicolás Navarro, explica que la intención del Consistorio no es llenar el municipio de invernaderos, ni situarlos en espacios de especial protección, ni donde perjudiquen a futuros desarrollos de otro tipo y además recuerda que las fincas modernas son respetuosas con el medio ambiente. El edil apunta que serían unas 600 hectáreas nuevas pegadas a zonas consolidadas y que existe una generación de agricultores jóvenes que no encuentran actualmente fincas para trabajarlas. «Hay tan poco terreno que se ha creado una burbuja y el precio de marjal de invernadero se ha disparado», expone Navarro que señala que las grandes empresas de la Costa son hortofrutícolas y que sigue siendo una fuente de riqueza y empleo.

Pero quizá la situación más sangrante la vivan los agricultores que tienen fincas de invernaderos que no podrán regularizarlas y que ocupan 190 hectáreas. La alcaldesa expone que se trata de explotaciones que ya existían cuando se elaboró el PGOU, que se quedaron en un limbo, y que quieren regularizar para que esos propietarios tengan 'papeles' y los mismos derechos que el resto de agricultores. «Ya están ahí así que lo que debemos hacer es regularizar su situación aunque la Junta ha preferido que su medio de vida sea ilegal», indica la alcaldesa motrileña.

Se trata de invernaderos de las partes altas del municipio y una gran zona de Carchuna. «Están poniendo en juego el sustento de todo un pueblo que vive de la agricultura. Esas fincas no se pueden modernizar y las condenan al abandono», expresa Concepción Abarca, presidenta de la ELA de Carchuna-Calahonda.

La alcaldesa de Motril cuenta que estos invernaderos, consolidados pero irregulares, no pueden realizar obras de mejora por lo que dejan de ser competitivos frente al resto. Además se les impide el acceso a seguros o a subvenciones, dándose el caso de tener que devolverlas. «Con esta situación de irregularidad se dan casos esperpénticos que generan inseguridad en las familias que tienen la agricultura como su único modo de vida», aclara la alcaldesa que incide en que seguirán peleando por esos puestos de trabajo.

«La Junta nos está cortando el crecimiento comercial, el turístico y ahora el agrícola, ¿de qué quieren que comamos?», se lamenta la regidora motrileña.

El concejal de Agricultura pide a los representantes del PSOE -Flor Almón- y de Izquierda Unida -Felipe Villa- del municipio que sean ellos los que les den la noticia a los agricultores de que el gobierno andaluz «no les permite regularizar fincas que ya existen o poder adquirir nuevos terrenos para cultivar más invernaderos». «Supone un palo para muchas familias y ellos tendrán que explicarle los motivos de su rechazo», dice. Desde el gobierno no se explican la negativa de la Junta. El jefe de Urbanismo, Juan Fernando Pérez, expone que llevan mucho tiempo trabajando en estas modificaciones puntuales y que parecía que iban a salir adelante. La explicación que da la Junta es que «no es viable medioambientalmente» porque lo dice el PGOU. El concejal de Agricultura considera que esa no es una explicación para una propuesta tan compleja. «Está claro que el plan de ordenación urbana limita esos crecimientos por eso estamos pidiendo una modificación puntual del plan», señala Navarro que recuerda que sería una ampliación sostenible y razonable.

El Ayuntamiento motrileño activará todos sus mecanismos para tratar de conseguir el visto bueno para su propuesta porque no van a rendirse.