El coronavirus provoca la suspensión del juicio del caso Serrallo y de todas las vistas de la Audiencia de Granada

La causa más sonada, tanto por el número de acusados como por su relevancia (es el primer asunto de presunta corrupción urbanística de Granada durante el gobierno de José Torres Hurtado (PP) que había llegado a una sala de vistas), es el caso Serrallo. Su juicio, con 17 acusados, se había iniciado en febrero y se preveía que acabase en los primeros días de abril.

Pero como todas las vistas señaladas en estas fechas, ha sido aplazada en virtud de las medidas adoptadas de urgencia para frenar el contagio del COVID-19 por la Junta General de Jueces del Partido Judicial de Granada. Medidas a las que siguieron las directrices del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, finalmente, la declaración del estado de alarma.

Las últimas declaraciones que se prestaron en el caso Serrallo fueron las del día 12 de marzo. En esa última sesión, intervinieron funcionarios municipales, así como un jurista especializado en medio ambiente y un vocal y el decano del Colegio de Aparejadores.

Cuando se reanude este mediático enjuiciamiento, tendrán que comparecer ante el tribunal de la Sección Segunda los citados para el pasado 17 de marzo: más funcionarios municipales y tres testigos-peritos propuestos por el promotor Roberto García Arrabal, el empresario acusado de construir la discoteca del Serrallo en un sistema general de espacios libres destinado a parque de atracciones infantil.

«Comprendemos la supresión del juicio y acatamos y apoyamos todas las medidas de contención de la pandemia. No obstante, nos causa un inevitable perjuicio, puesto que alarga la resolución del caso y, siendo tan complejo, introduce una incertidumbre que perjudica a la defensa, que sólo desea el esclarecimiento del caso y no una posibilidad de confusión que sólo puede beneficiar a la acusación», ha manifestado a IDEAL el abogado que defiende a la excúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, Ernesto Osuna.

La suspensión de los actos procesales (salvo los urgentes y el servicio del juzgado de guardia) para preservar la salud de profesionales, funcionarios y justiciables afectará a un millar de vistas y juicios de la capital. Este lunes, por ejemplo, sólo estaba señalada alguna vista en alguno de los juzgados de lo Penal por tratarse de una causa con preso.

Pero aunque el trabajo en las sedes judiciales, como Caleta o el Palacio de la Real Chancillería, se haya casi paralizado (hay unos servicios mínimos de magistrados y funcionarios para los trámites que siguen su curso), sus señorías no están parados; están trabajando desde sus casas, poniendo sentencias y autos pendientes.

Sí se están viendo aplazados -como es lógico, al implicar presencia física-, por ejemplo, interrogatorios de testigos o investigados que no sean por videoconferencia o, como se ha dicho, que tengan la etiqueta de «urgente».

Por ello, y porque los propios operadores jurídicos no salen a la calle, todo apunta a que habrá otros casos, como puede ser la macrocausa de 'la Nazarí', dividida además en piezas separadas, que se verán irremediablemente ralentizados por la crisis sanitaria.

Uno de los juicios importantes previstos para las próximas semanas en la Audiencia de Granada es el de la bebé hallada muerta en la planta de reciclaje de basura de Alhendín en enero de 2018. Por este crimen, están acusados Miguel A. F., abuelo de la criatura, y Fátima A. O., su madre, y, en principio, salvo que haya nuevas prórrogas, serán enjuiciados por un tribunal popular el 4 de mayo en Plaza Nueva. Se enfrentan ambos a prisión permanente revisable.

Precisamente uno de los pocos actos que no se han suspendido en el tribunal provincial es la vista que estaba señalada para el próximo 31 de marzo, en la Sección Primera, a fin de decidir si la madre de la malograda bebé sigue en prisión provisional hasta la celebración del juicio.

Esa comparecencia «se va a celebrar por videoconferencia», según han señalado a IDEAL fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA). Las mismas fuentes indicaron que igualmente se han suspendido todos los señalamientos para este mes, de momento hasta el 31 de marzo, a expensas de la publicación oficial de la prórroga.

Uno de los pocos magistrados que están acudiendo a su despacho estos días en las dependencias de la plaza Luis Rosales de la Audiencia de Granada es José Luis López Fuentes, presidente del tribunal provincial, quien lo está haciendo al asumir la coordinación en esta extraña situación que está alterando el normal funcionamiento de todas las administraciones y de la sociedad en general.

En declaraciones a IDEAL, el presidente ha señalado que salvo el caso sospechoso de contagio de un funcionario en un juzgado mixto de Santa Fe -que presenta síntomas compatibles pero no es caso confirmado-, no tiene constancia de más incidencias. Sobre este extremo, ha garantizado que de inmediato la Junta de Andalucía procedió a la desinfección del lugar.

«El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Santa Fe ha sido objeto de una profunda desinfección y se han adoptado las medidas precisas», ha manifestado López Fuentes, que agregó que en el Juzgado de lo Social de Motril ha habido también alguna incidencia ya resuelta. Se ha procedido del mismo modo.

«Estamos muy pendientes del juzgado de guardia, donde el problema es evitar la comparecencia de todas las personas que son necesarias para tomar declaración al detenido», ha señalado el presidente, que ha dicho saber, a través de la Delegación de Justicia, que están a punto de llegar las mascarillas que viene solicitando el personal funcionario. Ya sí hay guantes y gel higienizante en la mayoría de órganos de la provincia.

Para evitar esas comparecencias físicas, se reclamó la semana pasada practicar videoconferencias, las cuales se están haciendo, aunque se están registrando algunas disfunciones, sobre todo en la calidad de la audición.

López Fuentes, que ha querido aplaudir la colaboración del Colegio de Abogados de Granada, ha indicado que «en algunos pueblos, donde el sistema de videoconferencia no puede funcionar, se ha utilizado la sala de vistas en lugar del despacho del juez para tomar declaración al detenido». Se han guardado en esos casos las distancias de seguridad establecidas por la autoridad sanitaria para prevenir el contagio: dos metros.

Todos los juicios de la Audiencia, como ha ratificado, se han suspendido, pero recuerda que las causas con preso son una excepción, además de otros servicios esenciales dentro de la Administración de Justicia. En este 'saco' entran, aparte de las causas con preso y los detenidos, las medidas de internamiento urgente, las medidas de protección en el ámbito de la violencia sobre la mujer o sobre menores y las medidas cautelares.

Por su parte, el juez decano del Partido Judicial de Granada, Jesús Rodríguez Alcázar, ha destacado la dificultad que supone adaptarse a esta situación nueva para todos, pues los juzgados no están adaptados al teletrabajo, lo que lógicamente afecta a la actividad judicial.

«En la práctica hay algunos servicios que tienen que seguir trabajando», ha subrayado, a la vez que ha recordado que además del juzgado de guardia, están operativos el juzgado de Violencia sobre la Mujer (en Granada hay dos), el juzgado de Menores (hay dos igualmente) o el Registro Civil, que depende del Juzgado de Primera Instancia 5 de la capital y que se encarga de las inscripciones de defunción o nacimiento, o el juzgado de Primera Instancia encargado de los internamientos por trastorno psíquico.

«Todos estos servicios se están desarrollando razonablemente bien», ha dicho el juez decano, que ha reconocido la dedicación de sus compañeros y de los funcionarios que siguen acudiendo a sus puestos de trabajo y solventando situaciones nuevas «en el día a día».

Por ejemplo, según ha explicado, se ha articulado un sistema de videoconferencia (aparte del impantado en el juzgado de guardia para evitar los desplazamientos de los detenidos a Caleta) con el hospital para que la jueza de internamientos no tenga que desplazarse al centro sanitario físicamente, «por riesgo de ella y de los propios internos».

Las suspensiones, según ha aclarado, afectan no sólo a la jurisdicción penal, sino también al resto. «Siguen entrando algunas demandas o escritos por cuestiones que pueden ser urgentes y hay que darles trámite, como por ejemplo en los juzgados de Familia, en relación a menores de edad», ha especificado.

En el decanato de los juzgados de Granada, sólo hay dos funcionarios actualmente prestando sus servicios, por eso el juez decano ha pedido a los colegios profesionales expresamente que presenten «lo imprescindible» para no colapsar el decanato. Se han establecido además turnos rotatorios en las diferentes jurisdicciones.