Contraseñas, camisetas rojas y pruebas por analizar

Después, el enlace entregó cartas cerradas y selladas de la organización, de acuerdo con la confesión a la policía de uno de los pistoleros que acabaron con la vida del fiscal. Daniel Portero, hijo del fiscal y presidente de la asociación Dignidad y Justicia, señala que solicitarán que se indague esta vía.

El pasado mes de agosto la Audiencia Nacional ordenó investigar a los exmiembros de ETA Ainhoa Múgica Goñi y Francisco Javier García Gaztelu, alias 'Txapote' para determinar si estuvieron implicados en el asesinato de Luis Portero. La familia espera ahora la providencia del juzgado para que la Dirección General de la Guardia Civil continúe recabando indicios.

El tribunal ha solicitado que se analice caligráficamente las notas manuscritas intervenidas al primer comando Andalucía, desarticulado en 1999 antes de que se formara el comando Erraia que fue enviado al sur para asesinar al fiscal, entre otras víctimas. En esas notas incautadas se ponen de manifiesto que «uno de sus objetivos era Portero, su análisis puede aportar elementos que vinculen con ellas a Ainhoa Mújica Goñi y Francisco Javier García Gaztelu». Por entonces, ya tenían cierta responsabilidad en la organización. La Sala Penal cree «razonable pensar que, antes de acceder a la dirección de los comandos, tuvieran funciones relacionadas con la asistencia al suministro de datos sobre los objetivos o de medios para la realización de los atentados».

Por otra parte, se solicitó un informe sobre la trazabilidad de los explosivos, armas, municiones y matrículas utilizados para cometer el atentado de Portero. La familia cree que coinciden con unas que entregó un comando a 'Txapote'. ETA llevó a cabo la sustracción de una máquina troqueladora y de 150 placas de matrícula vírgenes en la empresa Aldagaiak de Eibar (Gipuzkoa).

Una semana más tarde, en una cita orgánica mantenida en Bidart (Francia) con «Txapote» se hizo entrega al dirigente del material. En esa cita orgánica, se indicó a los miembros de la organización que la «tregua» iba a romperse mediante una acción terrorista «de calado», señal inequívoca para que los comandos armados retomasen la actividad terrorista y de ahí la urgencia en el robo de las troqueladoras y placas de matrícula. Los investigadores de la Guardia Civil apuntan que el aparato militar se encargó de suministrar la dinamita a los comandos armados de ETA establecidos en España entre 1999 y 2001, razón por la que la familia ha pedido que se rastreen de nuevo las pruebas con un informe de la trazabilidad de explosivos y matrículas para ver si son compatibles con este material incautado.