La consejera Castillo llama a «poner límite» al acceso de menores a Internet tras el presunto caso de abusos en Granada

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El asunto está siendo investigado por la Policía Nacional con la intervención de la Fiscalía de Menores. Hay tres menores identificados y desde la Junta de Andalucía se ha tomado la medida de cambiarlos de centro educativo para que no coincidan con la víctima. Los presuntos agresores tienen menos de 14 años, de modo que de confirmarse los abusos serían inimputables; es decir, que están eximidos de responsabilidad penal por su corta edad.

A preguntas de los periodistas, Castillo ha enfatizado que «estas cosas pasan porque nuestros niños y niñas tienen un acceso indiscriminado a Internet, a las redes sociales y a la pornografía» y porque «repiten acciones que no son habituales en niños de esas edades salvo que las vean o que a su vez las sufran». Ha llamado así a proteger a los menores, «a todos», poniendo límite a ese libre acceso a un entorno donde «no hay medidas de protección» para ellos.

La consejera ha dicho tener constancia de este caso en Granada que la familia puso en conocimiento de la Policía. Ha recordado que una vez activado el protocolo «entra la autoridad», la Fiscalía de Menores y la autoridad judicial, para determinar lo que corresponda atendiendo a la edad de los presuntos agresores. La Consejería cuenta por su parte con «protocolos específicos» en los que se analiza la situación y se establecen medidas de protección de «todos los menores», víctimas y agresores.

«No dejan de ser todos menores de doce años y necesitan una especial protección», ha recalcado la consejera, quien explica que en el ámbito docente, y con niños de estas edades, las medidas pasan por un cambio de clase o incluso de centro como en este caso para que los presuntos agresores no tengan contacto con la presunta agredida.

La Fiscalía Superior de Andalucía ya alertó el pasado septiembre en su última memoria del aumento de delitos contra la libertad e indemnidad sexual cometidos por menores en el último año, que atribuye al «consumo excesivo» que este colectivo hace de las redes sociales y, en particular, de las páginas de pornografía.

En la memoria, consultada por Europa Press, la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, trasladó su «especial preocupación» por la situación de los menores, tanto en su papel de víctimas como de agresores, derivado del acceso temprano a las nuevas tecnologías. Abogó, de hecho, por una mejora en la regulación que limite el libre acceso de menores a contenidos inadecuados y pornográficos, llegando a tipificar penalmente la conducta de las empresas que lo permitan.