El conflicto de los funcionarios de justicia en Granada se aviva al no obtener la subida salarial prometida

El detonante de las concentraciones fueron las nuevas leyes de eficiencia digital y organizativa promovidas por el Gobierno, que cambiarán la forma de trabajar en los juzgados y aumentarán las tareas asignadas. Los funcionarios piden saber cuáles serán sus funciones y que los salarios se incrementen de forma proporcional, tal y como ha ocurrido en las otras categorías.

Esta olla a presión tuvo un punto de inflexión hace unas semanas, cuando CSIF y UGT firmaron con el Ministerio de Justicia un acuerdo para que aplicara un incremento salarial -a través del complemento general de puesto- a las comunidades que dependen del Gobierno. Andalucía, que tiene las competencias transferidas, se quedó fuera. El pacto provocó el enfado del resto de sindicatos, STAJ, CC OO y USO, que han celebrado varias protestas para pedir al Gobierno que reconsidere su postura y han criticado esta división sindical en la que han «perdido fuerza».

Nicolás Núñez, coordinador andaluz de STAJ, recuerda que suspendieron la huelga indefinida porque el Gobierno entró en funciones por las elecciones generales, pero les prometieron una solución al conflicto si volvían al poder. «El acuerdo que ha firmado con CSIF y UGT nos obliga a negociar con la Junta de Andalucía el complemento específico, que es el que depende de esta administración, pero el origen del conflicto está en el Ministerio de Justicia», explica el representante. Empezarán a hablar de huelga si el Gobierno no da su brazo a torcer.

CC OO confía en que las movilizaciones a nivel estatal den sus frutos antes de plantearse una huelga como la del año pasado, pero no la descartan. «Por supuesto que pedimos que la Consejería nos actualice el complemento específico, pero es algo independiente, lo peleamos aparte. Nuestras protestas están enfocadas a las funciones que van a cambiarnos con las nuevas leyes y a la discriminación que sentimos con respecto a LAJ, jueces y fiscales, a los que sí les han subido el salario», expone Francisco Vílchez, delegado de Justicia de CC OO Granada.

En el caso de USO, al no tener presencia en la mesa del Ministerio ha decidido adherirse a las protestas que CC OO y STAJ están llevando a cabo. Eloy Maza, representante del área de Justicia del sindicato en Granada, califica de «traición y tomadura de pelo» el acuerdo firmado con el Gobierno, que ha demostrado la «debilidad» del sector. Conscientes de la «frustración y desconfianza» de los trabajadores, ve complicada una huelga indefinida como la de hace un año, por lo que plantearía, en su caso, «huelgas selectivas». «Está demostrado que parando puntos estratégicos, como decanatos o juicios, daría resultado», añade.

CSIF, por su parte, insiste en que el acuerdo se firmó porque el Gobierno «no iba a ofrecer otra cosa», pero confía en que la Consejería de Justicia sí les aplique la subida. En este sentido, se movilizarán el próximo 6 de mayo para que los en torno a 9.000 funcionarios andaluces «no se queden descolgados de los acuerdos que se están dando ya en el resto de ámbitos territoriales». «Vamos a comprobar si la Consejería tiene voluntad, puesto que en varias comunidades ya se está actualizando el complemento específico», manifiesta Silvia Martín, representante de Justicia en Granada.

Por último, Antonio González, delegado de UGT en esta área, declara que el pacto con el Gobierno ha sido «una negociación parcial para conseguir algo», ya que el Gobierno se ha cerrado en banda, pero las protestas continúan. «Nos han remitido a las comunidades autónomas y ahí seguiremos luchando», apostilla González, que apuesta por «otras medidas de presión» antes de la huelga, como paros parciales. «Queremos resolverlo antes de llegar a ese punto», concluye.