Confirman un fraude de cinco millones en la compraventa de oficinas de farmacia que se gestó en Granada

Una de las procesadas había solicitado a la Sala de lo Penal del Alto Tribunal que revisara la sentencia original, pero su petición no ha prosperado, lo que supone la conclusión definitiva de un pleito que saltó a los titulares de los medios de comunicación en abril de 2010. Por aquel lejano entonces, la fiscalía dictó un decreto que apuntaba a la existencia de una trama dedicada al mercadeo ilegal de boticas. La red operaría desde Granada, de donde era natural y vecino el presunto cerebro, pero tendría ramificaciones por otras provincias de Andalucía.

Un juzgado abrió una investigación, pero finalmente la archivó. Sin embargo, ese carpetazo no significó que el asunto quedase enterrado. La Agencia Tributaria inició una indagación que determinó la existencia de una red que había defraudado al fisco más de cinco millones de euros.

Tanto la Abogacía del Estado como el propio ministerio público presentaron denuncias y, esta vez sí, las pesquisas desembocaron en un juicio y un fallo condenatorio. Un juzgado de la capital impuso al cerebro que maquinó la operación criminal tres penas que sumaban seis años y diez meses de prisión por tres delitos contra la Hacienda Pública. Además, fue sancionado con multas por valor de 4.600.000 euros, aparte, claro está, de indemnizar al Estado con los cinco millones que no había abonado. El juez consideró probado que el encausado «no había declarado ninguna de las comisiones devengadas por su intermediación en compraventas de farmacias».

El cabecilla comenzó desempeñando el papel de intermediario «en la compraventa de oficinas de farmacia, para lo cual ponía en contacto a personas que querían comprar y vender sus oficinas de farmacia, acercaba posturas entre las mismas y cobraba por ello una comisión». Pero de ahí pasó a adquirir y vender boticas «en cortos periodos de tiempo, sirviéndose para ello» del resto de los acusados, que, a diferencia de él, eran licenciados en Farmacia. Este detalle es crucial, porque podían actuar «como personas interpuestas», algo que estaba vedado al máximo responsable de la trama. La «compraventa de oficinas de farmacia» requiere «dos requisitos»: «la intervención como comprador de persona que ostente el título de licenciado en Farmacia y no ser titular de otra farmacia». El principal imputado salvó esos obstáculos con los testaferros, mientras él se mantenía en la sombra. Esos colaboradores, tres mujeres y un varón, también fueron condenados a penas que oscilaban entre los siete meses y los dos años de presidio, un fallo que luego fue confirmado por la Audiencia de Granada.

Una de las graduadas en Farmacia enjuiciadas quiso quemar un último cartucho y presentó un recurso de revisión ante el Supremo, un instrumento «extraordinario» pensado para modificar sentencias cuando hay nuevas pruebas que demuestren que alguien ha sido condenado injustamente. No es el caso, ha concluido ahora la Sala de lo Penal.