Condenan al Parque de las Ciencias a pagar a la exdirectora sancionada

La dirección del Parque alegaba que la dirección-gerencia del Consorcio Parque de las Ciencias «no es un puesto de trabajo, sino un cargo orgánico» para el que la demandante no había sido designada, como exigen los estatutos, y que «en los casos de sustitución o suplencia no se establecen compensaciones, indemnizaciones o cualesquiera fórmulas de retribución adicional para el sustituto». En caso de que se estimase la demanda, «las diferencias salariales no podrían exceder los 2.475,45 euros brutos», según el museo.

Por su parte, la demandante, que ejerció el cargo de forma accidental entre el 24 de abril de 2019 y el 15 de julio de 2021, reclamaba 9.817,50 euros por las diferencias salariales, al considerar que las cantidades que se le habían abonado ya como compensación fueron insuficientes y no abarcaron el periodo entre el 1 de agosto de 2020 y el 15 de julio de 2021.

En la sentencia, que puede ser recurrida, el juzgado considera que «el hecho de que la dirección gerencia sea un cargo orgánico, cuya designación al consejo rector a propuesta del presidente, tras la convocatoria y desarrollo de un proceso de selección, y que el desenvolvimiento de la relación con la dirección gerencia debe regularse necesariamente mediante un contrato de personal de alta dirección, no impide que a la demandante le corresponda percibir las retribuciones conforme a las funciones que efectivamente ha realizado como directora gerente durante el periodo indicado».

La sentencia recoge el informe elaborado por el jefe de Recursos Humanos del parque en 2020 en el que se constataba la realización de las funciones de la dirección-gerencia, sumadas a las de su propio puesto, y la dedicación de «muchas más horas de las establecidas para un puesto de estructura con jornada completa».

Igualmente, incluye un extracto del acta del consejo rector del Parque del 15 de julio de 2021 –sesión en la que fue nombrado director-gerente Luis Alcalá– que refleja el «agradecimiento personal e institucional» de ese órgano «y del propio Gobierno andaluz» a González Sevilla «por el compromiso, dedicación personal y trabajo desarrollado», en momentos especialmente «difíciles», como la pandemia de covid y la transformación digital del museo.

Se da la circunstancia de que las cantidades percibidas por González Sevilla en compensación por compatibilizar los dos puestos fueron precisamente el motivo de la sanción disciplinaria que le impuso el consorcio el pasado 3 de marzo. El expediente se inició en mayo de 2024 a iniciativa de Luis Alcalá, a raíz de una sanción de la Seguridad Social por el cobro presuntamente indebido de 2.293 euros por parte de González Sevilla en diciembre de 2020. Según el instructor, la trabajadora cobró por una serie de conceptos que no están previstos en el convenio o son incompatibles con un contrato de alta dirección. De acuerdo con el expediente, estos hechos eran constitutivos de dos infracciones muy graves, una por la «adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave al consorcio» y otra por «fraude, deslealtad y abuso de confianza en las gestiones encomendadas y causar por negligencia o mala fe daños muy graves en el patrimonio del consorcio». Alcalá proponía el despido de González, pero la presidenta del consorcio, la consejera de Desarrollo Educativo, María del Carmen Castillo, rebajó la sanción a un año sin empleo y sueldo.

Esta sanción está recurrida ante los juzgados de lo Social de Granada. González denunció además a Alcalá por «acoso» y «prevaricación», al considerar que su expediente excedió el plazo legal y se basó en hechos que no eran irregulares –y en todo caso habrían prescrito– por el «empecinamiento» y la «mala fe» del entonces responsable. También presentó una querella contra el exdirector en Teruel –su lugar de residencia– por presuntas injurias y calumnias, ya que aseguró en una entrevista que la demandante «se lo llevó crudo».