Condenan a unos padres por esconder a sus hijos en desamparo para no dárselos a la Junta

Este nuevo caso de sustracción de menores registrado en nuestra provincia –ha habido otras condenas por la comisión de este tipo de delito, como la impuesta a Juana Rivas, aunque fue en circunstancias diferentes–, aterrizó el año pasado en un juzgado de la capital granadina. En concreto, lo enjuició el juez de Penal 5, que consideró a ambos progenitores autores de un total de tres delitos de sustracción de menores.

El magistrado, además de imponerles la pena de prisión de dos años por cada delito, condenó a la pareja a estar inhabilitada para el ejercicio de la patria potestad durante cuatro años. Ambos castigos han sido ahora confirmados por la Audiencia Provincial de Granada, que ha rechazado el recurso que interpusieron los acusados contra aquella resolución judicial.

El fallo de la Sección Segunda del tribunal granadino, fechado el 27 de mayo y al que ha tenido acceso IDEAL, viene a ratificar de este modo la ilicitud del comportamiento de la pareja por hacer caso omiso a la administración autonómica, que pretendía entregar en acogimiento a sus vástagos. La sentencia ahora dictada recoge expresamente que las resoluciones de la Junta para hacerse cargo de esos tres menores hijos de los procesados «han sido incumplidas».

Para la Audiencia, está claro que esos padres «han ocultado a sus hijas» con el objetivo de que las decisiones que adoptó la administración autonómica no alcanzasen efecto. «Sostienen que se encuentran con familiares (...) en Hungría, alegación esta que el juzgador considera increíble y falta de toda prueba», indica el tribunal. Y no es verosímil, según detalla, porque la pareja «no identifica» a esos supuestos parientes que se habrían llevado a los niños. Por lo visto, tan sólo especificaron que se trataba de «unos tíos suyos que viven en Hungría». Así, «sin más precisiones», sin indicar si se trataba de españoles afincados en ese país o húngaros.

La Audiencia recuerda que el juez concluyó que los acusados «conocían las resoluciones declarando el desamparo y estableciendo el acogimiento y la obligación de entregar a los menores», así como que no «cabe la menor duda de que se negaron a entregarlos y que los tienen ocultos y retenidos en su poder».

La justicia no aprecia que la madre haya actuado así por su «trastorno mental» o un supuesto «miedo insuperable», y descarta que se le pueda eximir de culpa. «Los acusados decidieron impedir que les quitaran a los niños», concluye tajante la Audiencia, que tilda de «inconsistente» la versión de que estén en Hungría, pues está llena «de lagunas y contradicciones».

Fue a finales de noviembre de 2017 (el día 29) cuando la Comisión Provincial de Medidas de Protección, perteneciente a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía emitió las resoluciones que declaraban a esos tres críos en situación legal de desamparo y acordaban el acogimiento residencial de dos de ellos y el de urgencia del restante.

La sentencia desvela que otros hijos de la pareja –son padres de un total de seis niños nacidos entre 2006 y 2016– sí llegaron a ingresar en un centro de protección, así como que los progenitores se plantaron allí «con la intención de sacarlos del centro y llevárselos a la fuerza».

La justicia tiene claro que estos progenitores «han impedido que la entidad pública se pudiera hacer cargo de los menores, negándose a entregarlos, habiéndolos escondido en un lugar que se desconoce, imposibilitando que se lleven a cabo las resoluciones administrativas por la entidad pública en perjuicio de los menores».

Por lo visto, cuando se incumplió la entrega de los menores, hubo vigilancias intensas por parte de la Guardia Civil, pero en aquellas fechas fueron infructuosas.

El fallo no desvela si se ha dado finalmente con el paradero de los críos y si actualmente se encuentran bajo la tutela de la Junta de Andalucía, en algún centro de protección o acogidos por alguna familia.