Condenan al exalcalde de Alhama a un año y ocho meses de prisión por fraude

En una sentencia, en poder de este medio, la sección segunda de la Audiencia Provincial, considera probado que el hombre destinó fondos pertenecientes a una subvención a distintos menesteres de los estipulados en la convocatoria de la Junta de Andalucía. Los hechos tuvieron lugar en 2014, cuando ya no ostentaba un cargo público en la corporación municipal, pero sí dirigía la Asociación de Termalismo de Andalucía, integrada por distintos municipios de la provincia y la comunidad autónoma.

El exregidor de 66 años, que fue alcalde entre 1999 y 2011, en el ejercicio de las funciones económicas que tenía atribuidas estatutariamente dentro de la asociación, no destinó el importe de las ayudas recibida al cumplimiento de los proyectos presentados, utilizándolo para gastos de la propia asociación.

En el juicio, Escobedo Valenzuela justificó que empleó la subvención para pagar salarios, incluidas indemnizaciones por despido de los trabajadores, cuando la asociación se encontraba en una situación económica precaria a partir de 2017. Sin embargo, el escrito de la audiencia señala que «no está justificado el cómo, el cuándo y el para qué» destinó el dinero. El tribunal califica los hechos de «engaño, maniobra y ardid defraudatorio».

Para entender lo sucedido hay que remontarse a junio de 2014. La Junta de Andalucía escogió proyectos de turismo sostenible presentados a través de la asociación por Lanjarón, La Malahá, Alhama de Granada y Zújar. En total, la asociación iba a percibir 791.608 euros. Los importes subvencionados eran 133.501 euros para el Ayuntamiento de Lanjarón para afrontar la ejecución de un parque mirador; 157.328,13 euros para el Ayuntamiento de La Malahá, para la mejora y equipamiento de los baños termales; 52.960 euros iban destinados a Alhama de Granada, donde se iba a intervenir en el espacio de las mazmorras, la creación del Portal turístico Alhama Travel y de talleres de artesanos. Otros 53.905 euros pertenecían al Ayuntamiento de Zújar, para la realización de senderos y equipamiento náuticos. Por último 132.618 euros serían para la empresa municipal Aguas Termales de Graena con el fin de equipar el hotel.

Todas estas localidades invirtieron esfuerzos en la redacción de los proyectos, adeudándose, en algún caso incluso con pólizas de crédito para poder acceder a estas subvenciones que no llegaron. La falta de estas ayudas causa un «grave perjuicio», ya que se trata de ayuntamientos pequeños de localidades con poca población y presupuestos muy ajustados.

En este proceso, la acusación particular la han ejercido algunos ayuntamientos, entre ellos el de Lanjarón, representado por el abogado Mariano Vargas Aranda, y el Ministerio Fiscal, que había solicitado condena por el delito de fraude de subvenciones y de apropiación indebida.

La Asociación de Termalismo de Andalucía se fundó en el año 2008, siendo su presidente desde su constitución Escobedo Valenzuela, ostentando el cargo, primero, como alcalde de Alhama de Granada hasta el año 2011. Posteriormente, actuó como presidente en representación de la Asociación de Hosteleros con Iniciativas Turísticas de Alhama, que es también miembro de la Asociación de Termalismo de Andalucía. De acuerdo con el tribunal, la asociación era «un proyecto personalista» de Escobedo al que se habían adherido entidades públicas y asociaciones , en la medida que pudieran reportar beneficio y solvencia frente a las administraciones.

En la actualidad, la asociación se encuentra inactiva, sin haberse iniciado el procedimiento de disolución y liquidación. La integran la mayor parte de los municipios de la comunidad autónoma que cuentan con villas termales, entre ellos se contabilizan cuarenta socios privados y 22 ayuntamientos. Por otra parte, los ayuntamientos, que componen esta asociación, aseguraron en el juicio que conocían el carácter deficitario de la asociación de oídas, pero que jamás se habían planteado que supondría no cobrar las prestaciones que les correspondían.

Los consistorios manifestaron que tenían escaso conocimiento sobre el funcionamiento de la asociación e incluso algunos no sabían si estaban al corriente de las cuotas pese a que formaban parte de los órganos de gobierno. Contra esta sentencia, emitida el 13 de diciembre, cabe recurso de apelación.