Penas mínimas para los acusados de instalar una fábrica ilegal de tabaco en Granada

La defensa ha llegado a un acuerdo antes de la primera sesión del juicio, celebrado en el edificio de Caleta. La Fiscalía había pedido para los trece acusados por pertenencia a grupo criminal, contrabando y contra derecho de los trabajadores penas que variaban desde los seis hasta los catorce años de prisión. Sin embargo, se ha modificado la calificación de los hechos y eliminado el delito contra los derechos de los trabajadores por la imposibilidad de localizar a los testigos.

Los procesados son diez españoles, quienes, junto con el ciudadano ruso y otros dos de nacionalidades ucraniana, se habrían puesto de acuerdo en 2017 para desarrollar sus operaciones entre la Axarquía de Málaga y el Poniente de Granada a fin de obtener beneficios económicos ilícitos con la fábrica de tabaco 'camuflada' dentro de una nave que habrían hecho pasar por agrícola junto a la carretera A-402.

La sala ha acordado para nueve de los acusados dos meses de prisión por pertenecía a grupo criminal, que podrá ser sustituido con cuatro meses de multa a razón de una cuota diaria de seis euros. Además, por contrabando se les ha condenado a un año, seis meses y un día de cárcel y una multa de 440.000 euros. De igual forma, tendrán que abonar entre todos 879.448,27 euros de responsabilidad civil subsidiaria a favor de la Agencia Tributaria. Uno de los procesados solo ha sido condenado a dos meses de prisión por pertenencia a grupo criminal, mientras que dos de los acusados restantes se encuentran en paradero desconocido y un tercero fallecido.

Todo esto se produce después de que el pasado 15 de enero el juicio fuera suspendido. La petición de las penas más altas, de catorce años de prisión, recaían en un ciudadano español y otro ruso a los que la Fiscalía situaba en la cúspide del grupo que activaba la fábrica, pero finalmente con la rebaja han recibido la misma pena que el resto de los integrantes de la trama.

El caso salió a la luz pública en diciembre de 2017 tras una serie de registros planeados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil (una unidad de élite del instituto armado encargada de la persecucion de bandas criminales y de las investigaciones particularmente complejas). La operación fue coordinada por Europol a través de su oficina móvil. En la fábrica de Granada se invirtieron –según los cálculos de la Guardia Civil– cerca de tres millones de euros para su puesta en funcionamiento y la intervención se saldó con la confiscación de diez toneladas de hoja de tabaco, cuatro toneladas de picadura de tabaco y 4,5 millones de cigarrillos.

La instalación clandestina asumía todo el proceso de elaboración del tabaco, desde la recepción de la hoja, picadura, confección de los cigarrillos, creación de las cajetillas completas, composición de los palés y posteriormente su distribución. La redada contó con la colaboración de State Border Guad Service de Ucrania, EUBAM, Policía del Ministerio de Interior de Bulgaria, Policía de Fronteras de Rumanía y Policía de Grecia.

El grupo criminal habría funcionado con arreglo a criterios jerárquicos, con las tareas «perfectamente repartidas», las cuales sólo habrían cesado una vez se produjeron la entrada y registro judiciales del 5 de diciembre de 2017. El ciudadano ruso y su lugarteniente, el procesado de nacionalidad ucraniana que se encuentra en situación de rebeldía, tenían supuestamente experiencia previa en la elaboración de tabaco en Europa del Este.

Precisamente de Ucrania eran la mayoría de trabajadores de origen extranjero sin permiso, que se habrían desplazado para la producción de cigarrillos que posteriormente se distribuían con el nombre comercial de J5, en una actividad comercial no declarada ni sometida a impuestos. Habrían llegado a trabajar desde las 8.00 a las 18.00 horas «con apenas 20 minutos de pausa para comer un bocadillo que les era facilitado y todo ello a cambio de unas cantidades que oscilaban entre los 500 y los 700 euros mensuales que no consta que se hubiera abonado en ningún caso. Los 'patronos' cerraban las salidas de la nave, lo que impedía que los operarios pudieran escapar al exterior en caso de incendio u otro siniestro.