Condenado un camionero por usar tarjetas de empresa para pagar su propio combustible

El hombre comenzó a trabajar como conductor de un camión de una empresa de transportes el 23 de octubre de 2019. A su vehículo se le asignaron dos tarjetas de repostaje (una Solred y otra Shell) que sólo servían para repostar gasoil profesional y otros gastos, tales como la ITV o el paso por talleres. Ambas tarjetas estaba en posesión y bajo custodia del conductor del camión.

La sentencia dictada por la Audiencia, a la que ha tenido acceso IDEAL, revela que entre el período comprendido entre noviembre de 2019 y abril de 2020, «sin el conocimiento ni consentimiento de la empresa titular ha hecho uso de las mismas en su beneficio particular comprando artículos en las tiendas y echando combustibles en sus vehículos particulares«, causando con su conducta un perjuicio a su empresa valorado en 7.479 euros.

En la resolución, que avala una anterior dictada por el Juzgado de lo Penal 5 de la capital y que podía ser recurrida ante el Tribunal Supremo (TS), se especifica que el hombre apeló ante la Audiencia su castigo por entender que no se habían valorado bien todas las pruebas.

El condenado alegaba que si reconoció la deuda fue para que no lo despidieran y que ese mismo día abonó a la empresa 1.317 euros. Junto a ello, señalaba que el empresario le dijo que presentaba denuncia por la empresa «para justificar la reclamación frente al seguro», pero que no se había sentido estafado y que el dinero había sido recuperado a través del seguro.

Asimismo, el camionero subrayaba que a la hora de establecer la cantidad que había usado de las tarjetas, no se había considerado la declaración de un guardia civil que manifestó que «solamente pudo determinarse el uso indebido de las tarjetas por importe de 975,89 euros la Shell y 2.527,85 euros la Solred». La suma de los pagos, por tanto y según su cálculo, sería de unos 3.500 euros, una cantidad a la que habría además que restar los 1.317 euros que abonó en su momento.

La sentencia, que también confirma que el condenado debe indemnizar a la empresa con 6.479 euros, resalta que el reconoció en su día «que estaba pasando una mala racha y había utilizado las tarjetas en otras cosas». Asimismo, respalda la valoración de las pruebas que hizo el primer juez que intervino en este asunto.

«En el presente caso la prueba de cargo examinada (...) consiste en la declaración del denunciante, frente a lo manifestado por el denunciado en autos, pues a la vista oral no compareció. La declaración del denunciante fue prestada sólidamente, sin ambages ni contradicciones, totalmente coherente y sin ningún signo de animadversión, enemistad o venganza hacia el acusado», subraya el tribunal provincial.

Junto a ello, resalta «la contundencia de la prueba practicada» (constan justificantes de cargos y reclamaciones por gastos con las tarjetas) y concluye que «en la mente del acusado no estuvo nunca la voluntad de usar conforme al contrato las tarjetas, según se deduce tanto de la no devolución del dinero, como de los requerimientos realizados por el propio denunciante».