Los colegios rurales de Granada salen a la calle y abren una brecha en Educación

Ayer se movilizaron cientos de familias, niños, profesionales y sindicatos para protestar por lo que consideran unos «recortes encubierta». Decidieron terminar su marcha en la Delegación de Educación para pedir explicaciones al delegado y mostrarle, en persona, su descontento. Pero no lograron respuesta alguna. Además, este periódico quiso conocer la opinión de Castillo sobre el asunto, pero no fue posible. Quien sí habló sobre el tema fue el consejero de Educación, Javier Imbroda, que volvió a vincular, por segunda vez, las quejas que se han producido en Granada a una «falta de comunicación» o una «comunicación incorrecta».

Unas palabras que sirvieron para hacer más patente aún la brecha que las quejas de la comunidad educativa han abierto en el seno de Educación. Estas declaraciones se suman a las ya realizadas días antes por Imbroda, que afirmó que las protestas de las Ampas no han ocurrido en ningún otro sitio de Andalucía más que en Granada y explicó que lo que ha ocurrido en la provincia es «una comunicación que quizás no ha estado demasiado acertada por parte del delegado».

Granada se ha convertido así en el principal escollo de la Junta para poner en marcha un plan que quería implementar en toda Andalucía, pero que ha tenido que congelar, de forma temporal, en la provincia nazarí. Pero para los afectados, este aplazamiento no es suficiente, y por eso ayer se sumaron a una manifestación que partió a las once de la mañana en la plaza del Humilladero y que logró reunir a cientos de granadinos. Para los convocantes, se consiguieron sumar más de 7.000 voces pero, para la Policía Local, la cifra no superó los 1.300.

«Delegado, da la cara», «Castillo, dimite», «con mi Educación no se juega». Ciudadanos venidos de los rincones de toda la provincia se lanzaron ayer a las calles de la capital para protestar por la reordenación de los centros escolares y por la falta de información que afirman que están recibiendo desde Educación. Niños, padres, madres, abuelos, profesores. Todos iban a una, todos clamaban por el mismo fin. Sus voces se unificaron, y clamaron alto. Pero sus gritos no querían poner el foco únicamente en ellos mismos, sino también en los otros protagonistas de la cita, dos personalidades que no se encontraban en el lugar pero que consiguieron copar todos los cánticos, los comentarios y las quejas: el consejero de Educación, Javier Imbroda, y el delegado de esta cartera en Granada, Antonio Jesús Castillo. «Dimitid», gritaban una y otra vez los manifestantes.

Más de dos horas tardaron en recorrer los dos kilómetros que componían la manifestación convocada para ayer a causa de la gran afluencia de participantes. «Es increíble que haya tanta gente. Sabíamos que iban a venir muchas familias, pero no sabíamos que tantas», comentó una madre mientras ayudaba a su hijo, de apenas cinco años, a portar una pancarta que rezaba: «Un colegio que cierra es un pueblo que muere».

Eran personas muy distintas, venidas de diferentes municipios. Pero todos coincidían en lo mismo: necesitaban explicaciones y que los planes de la Junta para las escuelas rurales se paralicen definitivamente. «Siguen sin darnos respuestas, por eso hemos mantenido la huelga y la manifestación», indicó la presidenta de Fampa Alhambra. Esta federación apoyó la convocatoria que organizaron los sindicatos Ustea y CGT y que también secundó el Sindicato Andaluz de Trabajadores.

Además de esta manifestación, los sindicatos convocaron para ayer una huelga de profesorado y trabajadores de las escuelas de Infantil y Primaria de toda Granada. La mayor participación se encontró en los colegios rurales, donde los sindicatos sitúan el seguimiento del profesorado y el resto de los empleados entre el 80 y el 100%, según cada centro. Esta cifra difiere de la aportada por la Junta, que señaló que el seguimiento fue de un 1,9%, por lo que de los 5.295 docentes de Infantil y Primaria de toda la provincia, 101 la secundaron. Además, Educación indicó que de los 265 centros de Infantil y Primaria, se produjeron incidencias relacionadas con la huelga en 38. Los sindicatos, por su parte, incidieron en que la huelga se había secundado prácticamente en los 51 colegios afectados por la reordenación de los centros.

A la huelga y la manifestación estaban llamados padres, madres y trabajadores, pero muchas familias, de forma voluntaria, decidieron no llevar a sus niños a clase para que ellos mismos mostraran su opinión sobre estos cambios. «No quiero tener que irme de mi colegio tan pronto. Me gustan mis profesores, estar con mis amigos en clase y seguir yendo en mi pueblo a clase», indicó Lucía, una niña de 10 años de Otívar.

Julio y sus dos hijas se desplazaron ayer por la mañana desde Nigüelas, el municipio en el que viven, para mostrar su indignación. «Poco a poco están dejando a nuestros pueblos sin servicios y están haciendo que los niños tengan que ir cada vez antes a otros pueblos para dar clase», explicó el padre. «Me vine desde Mallorca a mi pueblo para disfrutar de mi tierra, pero los políticos no nos dejan y nos están obligando a irnos, porque sin educación no hay futuro ni para los niños ni para el pueblo», dice Nati, una madre de Algarinejo.

Ayer, la comunidad educativa de la provincia se lanzó a la calle para reclamar a Educación unas respuestas claras y definitivas. Y aseguraron que seguirán con las protestas y las actuaciones necesarias hasta tener un compromiso claro por parte de la Junta de que ningún cambio se llevará a cabo en sus escuelas. Así lo explicó Javier Valdés, portavoz de Ustea: «No vamos a parar hasta tener algo claro. No van a jugar con la educación de los niños y los trabajadores. Seguiremos luchando cuanto haga falta».