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El Colegio de Abogados de Granada manifiesta su preocupación por el previsible colapso que van a sufrir los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de ... Granada a raíz de la aplicación de una nueva norma, la ley de eficiencia judicial, que supone la ampliación de la competencia objetiva de estos órganos para la instrucción de todos los delitos contra la libertad sexual, la trata con fines de explotación sexual y el acoso sexual, haya existido o no relación de pareja entre las partes.
La corporación, en consonancia con el Grupo Especializado en Violencia de Género, advierte de que la ampliación de competencias, que está prevista que se produzca en octubre de 2025, va a tener el efecto inmediato de saturar unos juzgados ya de por sí sobrecargados, en una materia tan sensible como es la relacionada con todas las formas de violencia sobre la mujer, con el consiguiente riesgo y desprotección que ello entraña.
La junta de gobierno explica que es evidente que, con idéntica planta judicial y personal, no podrá asegurarse un trato personalizado a cada una de las víctimas de violencia de género y violencia sexual a las que habrá que atender a diario. «Las mismas se verán revictimizadas ante la previsible dilación que sufrirán los procedimientos penales y civiles en los que sean parte, no sólo en el día a día, que comportará que deban esperar en el juzgado varias horas a que se las pueda atender, sino también en la tramitación de los procesos, que se dilatarán en el tiempo», lamenta el colegio en un comunicado. «Todo esto trae el consiguiente riesgo de que las causas penales puedan finalizar sin condena por el transcurso de los plazos máximos de instrucción o de que haya procedimientos que deban alzarse y dejarse sin efecto las medidas cautelares de protección al superarse el plazo máximo de vigencia entre su adopción y la fecha del juicio», añade el escrito.
A juicio del ICARG, la situación puede desembocar en una revictimización que se hará extensiva a los menores y a las personas vulnerables que deban comparecer en dependencias judiciales y que se verán abocados a soportar horas de espera en un ambiente poco adecuado. Y ello sin olvidar el derecho de defensa de las personas investigadas.
Jornadas más largas
Asimismo, la Abogacía granadina también denuncia que los letrados, procuradores y demás operadores jurídicos verán prolongada su jornada laboral más allá de lo necesario y sufrirán también las consecuencias que los retrasos en la tramitación de asuntos conllevará, al ver demorados sus procedimientos y ralentizarse la capacidad de respuesta del órgano judicial.
Hay que tener en cuenta que los dos Juzgados de Violencia sobre la Mujer del partido judicial de Granada asumirán entre el 20% y el 30% de los asuntos que actualmente tramitan los nueve Juzgados de Instrucción de Granada más los cuatro Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Santa Fe, al haberse comarcalizado el 1 de abril de 2024 este último partido judicial con relación a los delitos competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
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