«Los ciudadanos tienen derecho a saber qué ha pasado en las cloacas del Estado»

–¿Recuerda por qué se hizo usted abogado?

–Era la carrera que más se adaptaba a mi perfil humano e intelectual. Nunca fui una persona de gran memoria, pero sí creo que tengo inteligencia relacional, abstracta, conceptual... y el ejercicio de la abogacía es precisamente eso, una combinación de técnica y estrategia para conseguir el resultado querido por el cliente. Lo que distingue a los buenos abogados es su eficacia.

–¿Qué le aportó la Facultad de Derecho de Granada a la hora de conformar su visión sobre 'lo justo'?

–Mi visión sobre 'lo justo' se ha conformado con múltiples aportaciones académicas y extra-académicas. Sin duda, una de ellas fue mi formación en la Universidad de Granada. Allí recibí las bases de mi formación como jurista. Más que profesores algunos fueron auténticos maestros.

–Lleva tres décadas ejerciendo. ¿En este tiempo, ha variado la visión sobre 'lo justo' que tenía durante su etapa en la Universidad?

–Para mí, todos debemos aspirar a ser justos, confirmándolo cada día con nuestro actuar. Cuando se cede la primera vez ante una injusticia ya no hay vuelta atrás. Todos los profesionales del Derecho, no solo los abogados, debemos estar comprometidos con «lo justo». El choque con la realidad, ciertamente, modifica algunos planteamientos, pero por encima de todo están las convicciones y los principios, que son irrenunciables, y que todos tenemos que luchar para hacerlos realidad, a pesar de las dificultades.

–¿Qué grietas ha descubierto en el sistema jurídico español durante este tiempo de ejercicio? ¿Vamos a mejor o a peor?

–Nuestro Estado Democrático de Derecho tiene muchas deficiencias, y el jurídico también las tiene. Hay mucho que mejorar. No comparto la complacencia de los que dicen que vivimos en una democracia plena.

–¿Ha tenido alguna vez la plena conciencia de estar defendiendo a un culpable?

–Sí, pero la culpabilidad tiene matices, y tiene una defensa. Si estamos ante una persona culpable, la aspiración de cualquier abogado es que esta sea tratada con la mayor benevolencia posible.

–Por haber intervenido en casos que se han desarrollado ante las cortes de justicia de otros países, conoce otros sistemas jurídicos. ¿Dónde se coloca el sistema español en este contexto?

–En una posición mejorable. No es casualidad que las instancias internacionales cada vez corrijan más a nuestros Tribunales nacionales, y que cada vez más los abogados planteen los procesos pensando que van a llegar a los tribunales europeos o internacionales. Eso es un fracaso del sistema. Sin duda a ello han contribuido las limitaciones impuestas y autoimpuestas por el Tribunal Constitucional en el tratamiento del recurso de amparo, que lo están convertido en una instancia fallida para una completa defensa de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

–¿Haría algún cambio en el Consejo General del Poder Judicial y en la Fiscalía?

–Haría cambios radicales, porque el sistema no funciona. Desposeería al Consejo de toda influencia partidista, y fomentaría el control cruzado entre los distintos poderes del estado pero desde la independencia de cada uno. La elección de los vocales del Consejo por parte del Parlamento obedece a una interpretación partidista de la Constitución y atenta contra la separación de poderes. Otro tanto ocurre con la Fiscalía. Partiendo de que el actual modelo debe cambiar pues el juez instructor se percibe como un acusador más cuando debería ser un auténtico juez de garantías por encima de las partes, incluido el Fiscal. Sin una independencia previa del poder ejecutivo la Fiscalía no debe instruir los procesos penales y, por supuesto, siempre debe estar sometida a un control judicial real y efectivo.

–Su primer caso 'mediático' fue la defensa de Julián Muñoz, exalcalde de Marbella condenado por la trama Malaya. ¿Se cerró bien ese asunto, o sigue habiendo cabos sueltos?

–Muchas veces se aplica una justicia distinta al personaje que a la persona; conseguir esa justicia para un 'personaje' es mucho más difícil. Conseguir su excarcelación por motivos humanitarios fue un gran logro. Sobre el caso Malaya sigue habiendo cabos sueltos. Los principales responsables, esencialmente políticos, que permitieron y se beneficiaron de esa corrupción, no fueron juzgados.

–¿El comisario Villarejo, a quien usted defiende, es víctima, verdugo, el hacha, todo a la vez?

–Lo ha sido todo a la vez en momentos determinados; pero siempre lo ha sido cumpliendo las funciones para la seguridad del Estado que le fueron encomendadas por los responsables políticos, policiales, y de los servicios secretos. Sirvió bajo las órdenes de diez ministros del Interior de distinto signo político. Villarejo es parte del sistema, si se le juzga a él también debe juzgarse a quienes le daban las órdenes y al sistema mismo.

–Según su experiencia, ¿hay más activos como Villarejo en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado?

–Sí, por supuesto que los hay, y por eso es injusto que se persiga ahora a Villarejo cuando fue designado, mantenido, reconocido, e incluso premiado por todos los gobiernos. Su perfil es único y por eso todos los gobiernos le encomendaban las misiones más complicadas de inteligencia en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado nacional e internacional y también lo que se han llamado 'las cloacas del Estado'. Él dice que las cloacas no son los detritus del Estado, sino el sistema que este emplea para deshacerse de ellos. Las cloacas existen en todos los países, no solo en España y han existido, existen, y podrían seguir existiendo. Por ello, estamos ante un momento decisivo para erradicarlas, porque los ciudadanos tienen derecho a conocer qué ha pasado y sobre todo a decidir hacia dónde queremos ir.

–¿Cree que su exposición mediática beneficia a su línea de defensa?

–Vivimos en una sociedad de la comunicación. Los medios de comunicación son claves para dar a conocer lo que ocurre en los procesos judiciales. Si una parte, la defensa, no comunica, deja en manos de la otra parte, la Fiscalía u otras acusaciones, la interpretación de lo que ocurre en el proceso. La defensa es jurídica, pero también se ejerce fuera del estrado, ante la opinión pública. Mucho más cuando se trata del juicio paralelo más grave de la democracia, donde el sumario, teóricamente secreto, se ha filtrando casi en tiempo real.

–¿Es este el caso más peligroso al que se ha enfrentado? ¿Tiene miedo?

–Es un caso de Estado. Al principio cuando asumí la defensa me planteé las repercusiones negativas que este podría tener para muchas personas e instituciones, pero quienes decidieron levantar esa tapa, nunca mejor dicho, debieron saber las consecuencias que ello inevitablemente tendría. Por eso llegué a la convicción de que esa no era mi responsabilidad, sino la de ellos, y que mi intervención debía ceñirse al ejercicio del derecho a la defensa de mi cliente. No tengo miedo, y no me he arrepentido de haberlo aceptado; es un caso apasionante, y profesionalmente, pienso que a cualquier abogado le gustaría tener entre manos un caso de esta envergadura.

–Cuando todo esto acabe, ¿le gustaría retirarse de los focos y trabajar más en Granada?

–Granada es una ciudad maravillosa. Para mí es reconfortante trabajar aquí, pero el ejercicio profesional me ha llevado por caminos que no he podido prever, y por tanto, no sé qué ocurrirá después.