Las cinco grandes medidas pactadas por PSOE y UP para que Granada tenga una fiscalidad «más justa»

Las viviendas vacías de la capital granadina que estén en manos de grandes propietarios, entidades financieras o «grandes especuladores» pagarán un recargo del 50% en el Impuesto de Bienes Inmuebles. Es una de las medidas que se incluyen en el acuerdo sobre ordenanzas fiscales selllado por los grupos municipales de PSOE y Unidas Podemos y que hacían ayer público la concejala de Presidencia del Ayuntamiento de Granada, Ana Muñoz y el edil de UP Francisco Puentedura.

El recargo que pretende penalizar a los multipropietarios que tengan las viviendas vacías se incluirá en las ordenanzas fiscales para el año 2022, aunque no será efectivo hasta 2023. Para que pueda aplicarse, el Ayuntamiento tiene que crear una ordenanza en la que se definirá qué es una vivienda vacía o un gran propietario «en concordancia con los que establezca la normativa autonómica y estatal», para lo que se da seis meses de plazo.

En cualquier caso, según remarcaron ambos ediles, la medida no afectará a los granadinos que tengan segundas residencias, sino a estos grandes tenedores, que según anunció el Gobierno central, serán los que tengan más de diez viviendas. El recargo del impuesto no llegaría a tiempo de ninguna manera para el próximo ejercicio 2022, al estar establecida la fecha de devengo del IBI en el 1 de enero.

Pero es que, además, la elaboración de la ordenaza, para la que en principio se ha fijado un plazo de seis meses, estará supeditada a lo que se prolongue el trámite parlamentario para la aprobación de la nueva Ley de Vivienda estatal.

La intención municipal es regular en el mismo sentido y de forma paralela, de manera que la ordenanza local contemple todos los aspectos legales de la norma superior y pueda aplicarse con seguridad jurídica. La referencia que tienen por el momento es un estudio de la UGR, del año 2013, que cifraba en 15.000 el número de viviendas vacías en la capital granadina, «de ellas el 80% está en manos de grandes propietarios», que son los que se verían afectados por la medida.

La posibilidad de recargar el IBI se recoge en la ley reguladora de haciendas locales desde 2004. Sin embargo, el escollo para que no se haya desarrollado es que no existía una definición homogénea sobre el concepto de vivienda vacía, que es lo que ahora va a precisar la nueva norma nacional, de manera clara, para que los ayuntamientos puedan aplicarlo.

Como quiera que sea, el edil Puentedura explicó que en el caso de Andalucía existe un norma –el Real Decreto 7/2019 de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler– quepermite a los ayuntamientos realizar la subida, ajustándose a esta normativa. Como ejemplos citó los Ayuntamientos de Sevilla, Córdoba o el de Burguillos (Sevilla) gobernado por el PP, que están aplicando el recargo.El pacto de las ordenanzas fiscales, que se ha venido negociando desde que el PSOE accedió al gobierno e incorpora propuestas históricas de Unidas Podemos, tienen como prioridad «atender las necesidades más urgentes que el Ayuntamiento de Granada no ha aplicado en los dos últimos años, especialmente aquellas destinadas a atender a los sectores que más han sufrido la pandemia».

Otra de las medidas que incluirán las ordenanzas fiscales para 2022 pasa por la ampliación del umbral para poder solicitar el llamado IBI social, que subirá de los 60.000 a los 62.000 euros, con el fin de compensar la subida de valores catastrales del 3% que se llevó a cabo en 2020 y que, según explicaron los ediles Puentedura y Muñoz, dejó a muchas familias granadinas fuera de esta bonificación del 90% del impuesto.

«En 2021 bajó un 60% el número de bonificaciones, ahora muchs familias que se quedaron sin poder acceder a esta bonificación podrán volver a tener derecho a la misma».

Otro cambio importante que contemplarán las ordenanzas fiscales de 2022 será la aplicación de los tipos diferenciados del IBI a nuevos usos recogidos en la normativa y en el Decreto 1020/1993 de 25 de junio, incluyendo gasolineras, bancos, salas de fiesta, discotecas , casinos, salones de juegos o colegios mayores, entre otros. Se modificarán los umbrales de aplicación y el tipo atendiendo «a criterios de progresividad fiscal, para acabar con situaciones de injusticia social y fraude».

La aplicación de estos tipos más altos de IBI a nuevas edificaciones no residenciales y el recargo a las viviendas vacías permitirá al Ayuntamiento elevar la recaudación en unos dos millones de euros, sin que se vean afectados los propietarios que no sean grandes tenedores. «Se da estabilidad a la estructura de ingresos y evita que suba el impuesto modificando el tipo general», alegaron.

Otra iniciativa para abundar en la línea de lograr esta mayor progresividad fiscal, que es el eje central del pacto PSOE-UP, será la modificación del callejero fiscal con la revisión de los indicadores para calcular «la realidad socieconómica», no solo de cada calle, sino de cada tramo dentro de las calles que tengan más de un kilómetro.

Como ejemplificó la edil socialista Ana Muñoz, no es o mismo una vivienda primer tramo de Joaquina Eguaras o Camino de Ronda con la del intermedio o final, por lo que se les aplicarán categorías fiscales distintas. También se dan un plazo de seis meses para esta revisión. «Proponemos que a las calles que superen un kilómetro les sea aplicadas las ctegorías fiscales por tramos. Es cuestión de justicia ir adecuando el callejero fiscal a la realidad socioeconómica de Granada», concluyó la edil.

Para ayudar a las familias con rentas más bajas, desempleados y pequeños negocios de la ciudad se mantendrá para las ordenanzas fiscales que regulen tasas y tributos para el año 2022 la reducción de la tasa por ocupación de la vía pública aplicada en el año 2021, así como bonificaciones en la tasa de licencia de actividades para nuevos negocios que se abran en la ciudad.

Asimismo, los ediles Puentedura y Muñoz, anunciaron la puesta en marcha de una campaña masiva de difusión del IBI social, que bonifica hasta el 90% del impuesto para las personas con rentas más bajas, facilitando proedimientos y trámites administrativos.

Se ampliará el umbral para poder solicitar el llamado IBI social, que subirá de los 60.000 a los 62.000 euros, con el fin de compensar la subida de valores catastrales del 3% que se llevó a cabo en 2020 y que, según explicaron los ediles, dejó a muchas familias granadinas fuera de esta bonificación.

Además se aplicarán medidas para favorecer aplazamientos, fraccionamientos y bonificaciones de pagos en tasas y tributos y en un plazo de seis mess se planteará «un paquete e medidas que amplíen las bonificaciones a tasas municipales para beneficiar a las rentas bajas, al pequeño comercio, a la industria cultural y a los pequeños negocios del sector hostelero y turístico».