Cinco barcos y más de cien propiedades urbanas: los bienes de ocho investigados en 'la Nazarí'

Todos estos datos han sido facilitados a la UDEF por el fisco y están recogidos en un informe que acaba de llegar a la mesa de la jueza que instruye el caso nazarí, María Ángeles Jiménez, que es la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Granada. Entre esos ocho investigados que han centrado este último análisis se hallan los tres empresarios del ladrillo que se vieron salpicados por el escándalo y a los que supuestamente habría beneficiado el anterior gobierno municipal: Roberto García Arrabal, Enrique Legerén y José Julián Romero. Sus informes revelan un patrimonio dispar, con multitud de transmisiones y adquisiciones y con numerosos productos financieros.

Llaman la atención sus saldos, que en el caso de J. J., por ejemplo, pasó de 130.000 euros en 2012 a poco más de 12.000 en 2015. A él en concreto se le vincula con cinco cuentas bancarias y diez inmuebles. Según su IRPF, lo era en 2015 de una vivienda con un valor catastral de 121.737 euros y un aparcamiento de 5.665 euros. Dos de los barcos figuran como suyos. Uno es de 2007 y el otro de 1999. Tienen 7,25 y 5,02 metros de eslora, respectivamente.

Ocho cuentas asigna la Policía a Enrique Legerén, a quien se le atribuye el patrimonio probablemente más discreto de los tres empresarios. Su saldo total en 2015 era de unos 15.000 euros, sus ingresos procedían de su actividad empresarial y le constan tres bienes inmuebles en Granada. Uno, de 155.935 euros de valor catastral, y otro de 152.525 euros. También tiene una plaza de garaje o trastero de poco más 5.000 euros.

A Roberto García Arrabal, en el punto de mira policial en esta causa entre otras operaciones por la construcción del Pabellón Mulhacén, le figuran los otros tres barcos de recreo, de 1999, 2002 y 2005. En el IRPF de 2015 declaró cinco bienes inmuebles, uno de ellos comercial. Los otros tienen valores catastrales que van desde los 99.325 euros de una propiedad en Torrox (Málaga) hasta los 345.186 de otra en Motril. También refleja la Policía inmuebles en Granada y Armilla. En total, el valor catastral de todo asciende a cerca de 700.000 euros.

No son estos constructores, sin embargo, los que aparecen como titulares de más propiedades inmuebles. Los que encabezan este particular 'ranking' serían el registrador de la propiedad Jesús C. E., con «41 inmuebles», y el funcionario del Ayuntamiento de Granada Gaspar N. C., con «27». De la lectura del informe se desprende, eso sí, que estas cifras, no obstante, no coinciden con los bienes que los investigados poseen actualmente, sino que el análisis vendría a hacer un repaso de todas las propiedades en las que han aparecido como titulares, con independencia de que las hayan vendido ya o las compartan con otras personas por ser una compra en común o parte de una herencia, por ejemplo.

Es el registrador, que está investigado por las obras de adaptación de un local de la calle Tórtola a oficinas, el que también cuenta con uno de los bienes de mayor valor catastral. Está valorado en 674.588 euros. De esos 41 inmuebles, ya no ostentaría la tituaridad de todos, sino de parte de ellos con un valor catrastral global de más de 810.117 euros. Este, al igual que otros investigados aparece como deudor también de préstamos, aunque su saldo en 2015 superaba los 700.000 euros.

Al interventor municipal, Francisco P. A. la Policía le atribuye 14 bienes inmuebles y 7 cuentas, mientras que a la exdirectora general de Urbanismo, María Paz Spínola le asigna ocho cuentas y siete propiedades, de las que actualmente sería titular de dos.

Estos análisis, unidos a los ya entregados, servirán a la jueza para descubrir si hubo operaciones de compraventa, enriquecimientos o ingresos sospechosos por parte de los implicados. La Policía Judicial trabaja ahora en el informe del que fuera número dos de Urbanismo, Manuel Lorente. Los agentes tienen de plazo para entregarlo hasta el 27 de este mes.