Un chaval debe más de 50.000 euros al 112 y la Policía por decenas de falsos avisos de bomba

En concreto, tiene que abonar 31.419,82 euros al 112; 16.556,59, a la Dirección General de la Policía; 610,93, a la Benemérita, y otros 386,66, al 061 (que atiende las urgencias sanitarias).

Es un caso excepcional: muy pocas veces, un menor de edad -con la 'colaboración' de sus padres- ha tenido que hacer frente a una indemnización tan abultada. Los precedentes son escasos y lejanos. Es tan extraordinario este asunto que hasta la Fiscalía General del Estado se ha hecho eco de él en la memoria de actividades de dicha institución referida al año 2017 -publicada hace unas semanas-, que fue cuando el muchacho fue detenido y procesado.

El 'asombro' de la Fiscalía General del Estado está justificado porque la ristra de infracciones que cometió el adolescente era tan abultada como la cuantía económica de los daños que causó con su comportamiento. Según la sentencia del Juzgado de Menores 2 de Granada, que fue dictada con la conformidad del propio acusado, el chico incurrió en los delitos de desórdenes públicos, estafa, descubrimiento y revelación de secretos y usurpación de estado civil. Y todo a través del teléfono.

En este sentido, la investigación dirigida por la Fiscalía de Menores de Granada determinó que el joven «efectuó, entre finales de 2015 y hasta el 8 de septiembre de 2016», más de 280 llamadas a distintos servicios de emergencias y policiales en las que alertaba de toda clase de sucesos imaginarios, pero que obligaban a reaccionar a los destinatarios de esos avisos. Entre esos falsos crímenes había de todo: robos de vehículos, «episodios de malos tratos, secuestros», etc. Pero lo más grave fueron los treinta telefonazos en los que anunciaba la colocación de artefactos explosivos. Para dar más credibilidad a sus 'actuaciones', el acusado fingía en ocasiones un acento árabe y se hacía pasar por un yihadista.

De esta forma, consiguió -la mañana del 27 de julio de 2016-, el desalojo de cientos de personas del centro comercial Alameda, en la localidad de Pulianas. El muchacho, simulando con su voz que era un terrorista de Estado Islámico, se inventó que había un coche-bomba estacionado en el aparcamiento del establecimiento.

El despliegue de los miembros de los equipos de emergencias en las inmediaciones del centro Alameda fue muy notorio: calles cortadas, coches-patrulla... Un lío muy serio y un susto considerable, que causó pérdidas valoradas en 20.000 euros a la superficie comercial.

Otras veces, se olvidaba de los explosivos y llamaba para avisar de incidentes igualmente inquietantes. Por ejemplo, en una ocasión telefoneó a la Comandancia de la Guardia Civil de Granada para, haciéndose pasar por un padre desesperado, asegurar que habían secuestrado a su hijo. Para convencer a su interlocutor de que lo que decía era cierto aportó el nombre y el DNI de un vecino de la capital, «lo que dio lugar a las correspondientes actuaciones policiales y a la incoación de diligencias previas por parte de un juzgado» de Granada.

El joven conseguía los datos que luego usaba para dar veracidad a sus avisos sustrayendo cartas de los buzones de bloques de viviendas de la capital. Luego abría la correspondencia «con la finalidad de obtener» nombres y números de carnés de identidad, y hacerse pasar por esas personas «cuando el personal de los servicios de emergencia le solicitaban» su filiación.

Con ese mismo método, logró «activar varios números de teléfono» a nombre de las víctimas de sus manejos, que luego recibían facturas elevadas por su uso fraudulento. Y así en más de 280 ocasiones, que se dice pronto.

El agujero económico que causó esa frenética actividad criminal fue considerable. «Los gastos ocasionados en los distintos servicios públicos por las llamadas maliciosas realizadas por el menor se han valorado en las siguientes cantidades: los del servicio de emergencias dependiente de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada (el 112) en 31.419,82 euros (12.488 en coordinación y 18.931 en operaciones); los de la sala operativa del 091 (Policía Nacional), en 11.951 derivados de las labores de investigación realizadas por la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, y en 4.615, los del Grupo Segundo de la Brigada Provincial de Información; los de la empresa pública de emergencias sanitarias, en 386, 66 euros; y, por último, la Guardia Civil, dependiente del Ministerio del Interior, ha valorado el coste de sus actuaciones» en 610,93 euros.

Los padres del chaval deben abonar 'solo' el 30% de la suma de esas cantidades, más de 50.000 euros, porque el juez que vio el caso, el magistrado de Menores José Francisco Maldonado Lirola, consideró que educaron correctamente a su hijo, es decir, que no hicieron dejación de sus funciones y, en consecuencia, no contribuyeron a fomentar el comportamiento desviado del muchacho.