Un cementerio al filo del embargo por la deuda con el banco

Hay que echar la vista atrás quince años para llegar al origen del agujero en que se hundirá la economía municipal durante décadas si el Supremo no contradice a los tribunales granadinos. Del desastre económico alerta el alcalde, Marcelo Avilés (PP). Se puede reconstruir lo sucedido en las cuentas de La Taha desde entonces hasta ahora a través de las sentencias judiciales. Hay dos procedimientos penales y uno civil relacionados con el préstamo del instituto, que no se amortizó íntegramente.

A mediados de abril trascendió que el Tribunal Supremo ha condenado a la exalcaldesa socialista María del Rosario Fernández y al exsecretario Domingo Sánchez por los delitos de prevaricación y falsedad documental. Son seis años de inhabilitación y un año y ocho meses de prisión para la exregidora y cinco de inhabilitación y año y medio de cárcel para el exsecretario. El caso de este pueblo –653 censados diseminados en siete núcleos– ha llegado, como el del 'procés' catalán, al Tribunal de Cuentas, que tendrá que cuantificar el perjuicio económico de sus decisiones.

La resolución del Supremo hablaba de un plan diseñado para lograr una «financiación ilegal del Ayuntamiento». La situación se destapa en 2012, cuando el secretario relata al nuevo alcalde, Avilés, el estado de una operación de préstamo que estaba siendo investigada por la fiscalía. El crédito se pidió a La General –luego Caja Granada, BMNy Bankia– para anticipar la construcción de un instituto. El Ayuntamiento dispondría de una subvención de la Junta de 1,9 millones abonada en cuatro anualidades para sufragar las obras. El banco adelantó esta cuantía mientras empezaba a pagar la Junta. Cuando la Consejería de Educación comenzó a hacer las transferencias, parte de las mismas se dedicó a amortizar el crédito, pero la póliza se siguió renovando, como relata la sentencia.

La Junta saldó su deuda con el municipio, pero el municipio no hizo lo propio con Bankia, a quien en febrero debía 1.096.094 euros. Según la sentencia, hay un millón en cargos a las cuentas del municipio que no está «justificado documentalmente, desconociéndose el destino dado por el Ayuntamiento». El Supremo habla de «financiación ilegal» .

Hasta aquí la resolución del Supremo, a la espera de que el Tribunal de Cuentas precise el prejuicio económico. Otro asunto es la amortización del crédito:el banco reclama el dinero que prestó hace quince años.

La resolución de la demanda está fechada a 4 de junio de 2019. El Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Órgiva estimó la petición de 2.580.971,55 euros más intereses de demora que el Consistorio debía abonar al banco. La Taha recurrió pero, a finales de abril, la Audiencia Provincial confirmó la sentencia.

Esta resolución niega que la extinción de BMN sea un impedimento en el proceso y ratifica que la cantidad pendiente de cobro es la suma del capital pendiente –1,096 millones– más el interés pactado del 25%.

José María Ruiz, del despacho Ruiz Travesi Castillo, abogado que defiende alAyuntamiento, considera que en la concesión de la póliza y las renovaciones de 2008, 2010 y 2011 no se cumplieron los requisitos legales administrativos.

Aduce que vulneran la legislación de régimen local –por ejemplo, en lo relativo al endeudamiento– y que los representantes municipales no prestaron válidamente el consentimiento para los préstamos. En concreto, la resolución precisa que en 2008 sólo estaban autorizados a solicitar medio millón de euros por un año de plazo, pero firmaron millón y medio y 18 meses, excediéndose presuntamente de lo acordado en pleno. Por otro lado, la sentencia del Supremo prueba que en la época en la que se solicitó el crédito no había contabilidad ni presupuestos en el Ayuntamiento. El abogado considera que el banco debería haber reclamado esta información antes de aprobar el préstamo y sus renovaciones.

Fiscalización

La Audiencia Provincial también desestima estos argumentos, al separar «las posibles irregularidades de orden administrativo» de los requisitos necesarios para la validez de los contratos. Considera que las cuentas del Ayuntamiento no podían ser objeto de fiscalización por parte de la entidad bancaria, cuya actuación fue «lícita» según el tribunal.

Como en la sentencia del Supremo, la resolución sobre la demanda señala que el Ayuntamiento «recibió y dispuso de la cantidad objeto de la póliza de crédito, que ha disfrutado de dicha suma, aunque desviándola para una finalidad distinta de la inicialmente prevista, sin que los antiguos miembros que la concertaron en su representación la utilizaran en su exclusivo beneficio». Concluye el fallo que «para evitar un injusto enriquecimiento, el Ayuntamiento ha de proceder a la devolución de dicha cantidad más los intereses pactados».

El pasivo, los más de dos millones y medio de euros, sería inasumible para el municipio a medio plazo. El abogado y el equipo de gobierno confían en que prospere el recurso contra el fallo de la Audiencia Provincial, o que la entidad ceje en su reclamación. De lo contrario, entrarán en juego bienes históricos de La Taha. Son los que se ofrecieron en su momento en garantía, pese a que el Ayuntamiento los considera inembargables. La casa consistorial, la iglesia, las albercas o el cementerio podrían acabar en manos del prestamista. Esperan no tener que pagar durante años, o con las propiedades de todo el municipio, por una gestión de hace tres lustros.