La causa penal de Casa Ágreda está pendiente de un informe que tase su valor histórico

Una vez el órgano que dirige el magistrado José Luis Ruiz Martínez reciba la pericial que aguarda, dará traslado a la fiscalía y al resto de las partes para que se pronuncien al respecto. La investigación está prácticamente agotada. Sin embargo, a última hora se ha generado una controversia en torno a unos correos electrónico que fueron enviados en su día por la exconcejala de Urbanismo Isabel Nieto con alusiones a este inmueble y que han aterrizado en el juzgado. Los mensajes en cuestión han sido extraídos de un informe elaborado por la UDEF en el marco del caso Nazarí y remitidos recientemente al juez de Instrucción 9 por su homóloga de Instrucción 2.

Al recibirlos, la secretaria del juzgado –hoy llamada secretaria de la Administración de Justicia– determinó en una providencia que no debían ser admitidos por no tener relación con los hechos, motivando reacciones, en forma de escritos, de al menos dos abogados del caso. El último paso dado por el juzgado es el dictado de otra providencia el 6 de marzo en la que acuerda dar traslado de los mismos a la fiscalía y al resto de partes personadas.

Este caso se inició en la fiscalía en 2015. Fue, según 'Vamos, Granada', a raíz de una denuncia de Marta Gutiérrez, que ejerce la acusación popular. También había denunciado el empresario Ramón Arenas, que asimismo está personado como parte acusadora. El ministerio fiscal realizó entonces una serie de indagaciones y decidió llevar el asunto a los juzgados. Formuló una denuncia en 2016 por posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por la adjudicación presuntamente irregular de este edificio a AIDE Federation, una oenegé con sede en París que pretendía rehabilitarlo y darle un uso social.

Aquella denuncia estaba dirigida inicialmente contra el exalcalde de la ciudad José Torres Hurtado (PP) y su exedil de Urbanismo Isabel Nieto, quienes defendieron en sus respectivas declaraciones como imputados –ahora investigados– la legalidad de sus decisiones. También se dirigió contra dos altos cargos de Urbanismo que redactaron los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas y otros dos técnicos que otorgaron la máxima puntuación a la propuesta de esa ONG. Actualmente hay 8 investigados y entre ellos figura un representante de AIDE en España.

Cabe recordar que la causa se archivó pero luego fue reabierta por orden de la Audiencia. A raíz de su reapertura, el instructor, que fue recusado sin éxito por una de la acusaciones, citó a tres nuevos investigados y a tres testigos. Entre estos últimos testigos estaba el exedil de Patrimonio del Ayuntamiento, Eduardo Caracuel. Su testimonio era importante para aclarar por qué esta operación se fraguó en Urbanismo si los edificios históricos eran competencia de su área.