La Guardia Civil descubre en Granada 56 pozos ilegales tras el shock por la muerte de Julen

Lo único positivo de aquella tragedia, que mañana llega a juicio con un solo acusado: el dueño del terreno donde ocurrió el fatal accidente, fue el ejercicio de solidaridad sin precedentes que supuso la operación para sacar el cuerpo del chiquillo de la trampa mortal. También floreció la esperanza, casi la convicción, de que el suceso serviría como vacuna para evitar que se repitiera. Las autoridades y la sociedad en general pusieron el foco en la urgente necesidad de localizar y sellar los pozos ilegales para evitar dramas como el de Julen. De esta forma, su fallecimiento no habría sido en vano.

Sin embargo, las frías estadísticas demuestran que la lección no ha calado y continúa habiendo personas irresponsables que llevan a cabo perforaciones para extraer agua sin contar con ningún permiso. Tras el accidente de Julen, y por lo que se refiere a la provincia de Granada, los agentes Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han descubierto más de medio centenar de obras de este tipo, concretamente 56. La zona más castigada sería la Vega que linda con la capital, donde los funcionarios del instituto armado han descubierto 17 pozos clandestinos.

Inmediatamente después se situaría el norte provincial (Baza y Huéscar) con trece infracciones; Loja y Alhama, con doce; la Costa, con seis; Guadix, también con seis; y la Alpujarra, con solo dos, según los datos facilitados a IDEAL por la Benemérita.

Todos estos hallazgos, que han sido sancionadas con las correspondientes multas, se produjeron después de la convulsión que generó la muerte del pequeño Julen.

Las leyes prevén multas que, en los casos más extremos, pueden alcanzar los 600.000 euros para castigar a quienes realizan perforaciones en la tierra sin permiso.

En este sentido, las sanciones que ha impuesto el Seprona de la Guardia Civil en los meses posteriores al fallecimiento del pequeño Julen son tanto por infracciones contra la normativa de minas como la de aguas.

Así las cosas, esta última dice que atenta contra la ley «la apertura de pozos, la modificación de características relativas a diámetro, profundidad o ubicación así como la instalación en ellos de instrumentos para la extracción de aguas subterráneas sin disponer de la correspondiente concesión o autorización para la extracción de las aguas».

Asimismo, el «titular» de la parcela «en donde existan pozos en desuso estará» obligado a su sellado, «previa comunicación a la consejería competente en materia de agua».

Si el afectado hiciese caso omiso, la administración ejecutará «subsidiariamente» las labores de precintado, «previo requerimiento a la persona titular y a su costa». El incumplimiento de estas disposiciones puede ser considerada una falta grave o muy grave, que acarrean multas que pueden ir desde los seis mil a los 600.000 euros. De otro lado, Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera establece que «los trabajos de prospección de aguas subterráneas, mineras y mineromedicinales precisarán aprobación previa».

Y luego está la vía penal. La fiscalía de Málaga pide tres años de prisión para el dueño de la finca de Totalán donde murió el pequeño Julen.