Granada indemnizará a Rober por la expropiación de las cocheras
El TSJA estima que la ciudad debe abonar 1,7 millones si en el plazo de un año no aporta una parcela para las instalaciones
El Ayuntamiento de Granada tendrá que indemnizar a Transportes Rober por la expropiación de las cocheras. Así lo ha estimado el Tribunal Superior de Justicia ... de Andalucía (TSJA), que ha estimado parcialmente el recurso presentado por la mercantil en el litigio judicial que ambas partes mantienen desde 2003. Tal y como consta en el fallo, al que ha tenido acceso este periódico, la ciudad está obligada a pagar 1.723.373 euros si en el plazo de un año no entrega a la concesionaria del servicio de transportes unos terrenos aptos para las instalaciones.
El tribunal ha ordenado que se cumpla el acta de avenencia que las dos partes pactaron en 2003 «en lo que se refiere al justiprecio por el valor de las edificiaciones y la indemnización por los gastos de traslado de la actividad» que se originaron tras la aprobación del expediente de expropiación del solar ubicado en la avenida de Dílar para el desarrollo del plan parcial del Campus de la Salud.
Las diferencias se originaron después de que no se cumpliera en los términos exactos el pago en especie pactado por Ayuntamiento y Rober. La administración municipal había acordado entregar unos aprovechamientos urbanísticos en el Campus de la Salud y una parcela para albergar las instalaciones en Norte, junto al parque de Bomberos. Ante la falta de suelos idóneos, el Consistorio adjudicó un conjunto de parcelas entre la carretera de Jaén y Merced Alta e comenzó los trámites para modificar los usos de unos solares que, hasta entonces, solo permitía funciones deportivas, religiosos o docentes.
La operación fue recurrida por la Junta de Andalucía en 2010. El proceso fue favorable a la administración autonómica y provocó que los cambios urbanísticos fueran declarados nulos. Como consecuencia de ello, Rober llevó al Consistorio al juzgado al considerar que no se había atendido el justiprecio pactado.
El fallo del TSJA determina que el acuerdo entre las partes es un «verdadero convenio urbanístico cuyo cumplimiento no puede quedar al arbitrio de una de las partes» y confirma que «el cumplimiento ha sido solo parcial». Asimismo, establece la «obligación de proceder a la entrega de unas parcelas suscepctibles de albergar las instalaciones» y da un plazo de un año a la ciudad para hacerlo. De no hacerlo, deberá afrontar el equivalente en metálico, esto es, 1,7 millones de euros.
La cuestión ha pasado por la comisión de Servicios Jurídicos, donde ha sido expuesta por Unidas Podemos. El edil Francisco Puentedura ha señalado que el fallo desvela «una nueva mala gestión urbanística» por parte del Ayuntamiento de Granada y ha lamentado que «al final acabe generando deudas millonarias que tienen que pagar los granadinos a través de los recursos municipales».
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