Con el candado echado

¿Hay muchas construcciones de titularidad pública cerradas a cal y canto? Pues teniendo en cuenta que en este país la sombra de la administración es alargadísima y se halla muy estratificada en función de los ámbitos territoriales -Estado, Junta de Andalucía, ayuntamientos y diputaciones, mancomunidades, empresas, fundaciones, patronatos y consorcios, más todo ese complejo entramado denominado 'administración paralela'-, ya se pueden imaginar que, entre los adverbios cuantitativos, sin duda habría que elegir 'muchos', o más bien la derivación superlativa 'muchísimos'. Un problema, por lo que supone de desaprovechamiento de los recursos y por la necesidad de liberar fondos para mantenimiento -aunque sea mínimo-, que ha ido a más en la última década y que se observa con intensidad en el conjunto de la provincia. Hay una herramienta muy útil que permite realizar un diagnóstico. Se trata de la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales que elabora el Ministerio de Política Territorial y Función Pública -también está colgada en el portal de la Diputación de Granada- y que se actualiza todos los años. La última revisión se hizo en 2018 con cifras de 2017.

Se trata, por tanto, de una base de datos oficial y sobre todo representativa al recoger sesenta y seis variables de todos los municipios a excepción de los que tienen más de 50.000 habitantes empadronados. Es decir, en el caso de Granada, todos salvo la capital y Motril. Según esta fuente documental, en Granada había en 2011 un total de 311 edificios propiedad de la administración sin ningún tipo de uso. Este número aumentó hasta 327 en 2012 y hasta 387 en 2017, que es la última referencia publicada y disponible -como se ha mencionado antes, no aparecen ni los de Motril ni los de Granada-. La evolución ha sido claramente a peor. Estamos hablando de un incremento relativo de casi el veinticinco por ciento. El problema se dimensiona si vamos más allá del análisis cuantitativo. De esos 387 inmuebles de la administración 'huérfanos', más de la mitad, exactamente el 51,1%, presentan un estado de conservación 'malo' frente a 3,4% 'excelente', un 22,7% 'bueno', y un 21,2% 'regular'.

Cifras a las que se le puede poner nombre y apellidos. Un ejemplo palmario del 'coste' que implica para las administraciones, ergo para los ciudadanos, el no aprovechamiento de los edificios públicos son los mil euros diarios que, se calcula, abona todos los años la Junta por la dispersión de sedes judiciales, cuando en el edificio de la Caleta, que costó catorce millones de euros, hay plantas enteras vacías. El tema, relacionado con la vieja aspiración de que Granada tenga una gran ciudad de la justicia, al igual que sucede en otras capitales andaluzas, tiene visos de solucionarse. En septiembre, la Junta de Andalucía pidió licencia para hacer obras en la Caleta que permitieran el traslado de los juzgados que quedan hoy día en plaza Nueva y la mudanza de 'menores' a la Delegación de Salud, otra ficha del rompecabezas que supondría un ahorro para las arcas de la Junta. Ésta será, sin lugar a dudas, una de las patatas calientes que deberá resolver más pronto que tarde el nuevo gobierno regional. El Partido Popular lleva años hablando de esto -tanto es así que aparecía en el programa electoral para los comicios autonómicos de diciembre- y en Ciudadanos aseguran ser conscientes de la saturación de los tribunales y la necesidad de buscar soluciones.

En cualquier caso, hablamos de un problema generalizado prácticamente en todos los municipios de Granada. La antigua comisaría de Motril, situada en la calle Rambla de Capuchinos, lleva cerrada más de una década. El Ayuntamiento cedió en su día -hace más de cincuenta años- los terrenos y ha estado trabajando para que, una vez que el inmueble dejó de tener funciones policiales, darle otro tipo de usos. Hace un año, en enero de 2018, alcanzaron un acuerdo con el Gobierno para formalizar el traspaso al consistorio motrileño a cambio de que éste cediera otro espacio al Ministerio del Interior. El expediente está en manos de la Dirección General de Patrimonio, según apuntan desde el Ayuntamiento.

Desplacémonos ahora hasta Loja. Concretamente a los colegios rurales de las cortijadas Dehesa de los Montes y Los Arenales. Ambos están diseminados y aparecen en el catálogo de bienes municipales. ¿Qué sucedió? Pues que, como consecuencia del despoblamiento, se redujo de forma notable la ratio de niños que vivían en la zona y en sus aulas no se imparte la docencia desde hace tiempo. Ambas edificaciones estuvieron cedidas hasta hace año y medio a una emprendedora para la ubicación de un centro de experimentación histórica en Dehesa de los Montes y un alojamiento rural y unas salas para la realización de talleres en los Arenales, pero ni uno ni otro llegaron a cuajar. Actualmente se emplean para la celebración de festejos o alguna actividad puntual.

La Alcazaba de Guadix, junto al antiguo seminario, también aparece en esa relación de edificios de la administración que están en desuso. Este caso tiene carácter simbólico por la trascendencia histórica de esta fortificación -se comenzó a construir en siglo XI- y porque está enclavada en pleno corazón del casco histórico de Guadix. Pero también porque, después de muchos años, por fin parece encauzada la primera fase de su recuperación. Merece la pena analizar con detenimiento qué ha pasado y que pasará en los próximos años. El Ayuntamiento de Guadix compró la fortaleza a la Iglesia por un importe de 320 millones de las antiguas pesetas (1,92 millones de euros) el 30 de noviembre de 2000. En la operación se incluía también el convento de San Agustín, donde estaba ubicado antiguamente el Seminario Menor de San Torcuato.

La intención del Ayuntamiento desde el primer momento era que el conjunto monumental se destinara a un parador. Y, con mayor o menor intensidad, todas las corporaciones han trabajado en esta dirección, aunque Paradores de España, una empresa dependiente de la Dirección General de Patrimonio del Estado, nunca ha dado ningún paso trascendente más allá de reuniones y alguna manifestación de buenas intenciones. Es más, tras analizar la cuantía de la inversión, veía con mejores ojos implantarse en la Azucarera de Guadix, también en estado ruinoso como el Seminario.

Después de que surgieran movimientos ciudadanos clamando para que se actuara de urgencia en la Alcazaba, como la plataforma SOS Alcazaba, ya se ha emprendido por fin el camino para rehabilitarla y que sea visitable por los accitanos, pero también para convertirla en un reclamo turístico de primer nivel -de hecho ha sido una de las apuestas de Guadix en la feria internacional del turismo Fitur-. Según el concejal de Urbanismo, Iván López Ariza, el actual gobierno local ha trabajado desde el primer momento en la búsqueda de financiación pública o privada para acometer una actuación inasumible por el Ayuntamiento. «La primera opción fue el 1,5% Cultural, aunque inicialmente las esperanzas no eran muchas porque se acababa de conceder al Hospital Real», confiesa Iván López, quien agrega que, «a pesar de ello, perseveramos en la solicitud y finalmente se han liberado 1.017.000 euros con cargo al 1,5%». Estamos hablando, para que nos hagamos una idea, de una sexta parte de todo lo que necesita la Alcazaba. Se intervendrá en varios paños de muralla y se habilitará un acceso. Durante este periodo de tiempo la Alcazaba estará 'abierta por obras'.

No ha sido nada fácil para el Ayuntamiento de Guadix, como tampoco lo es para el resto de ayuntamientos granadinos que carecen de dinero, personal y tiempo para recuperar edificios de su propiedad. «Cuando los proyectos no se continúan, se abandonan», refiere el edil López Ariza. «Cambian las personas, cambian los gobiernos y cambian las prioridades», recalca. Pero, bajo su punto de vista, también intervienen otros factores. «La inestabilidad política afecta mucho a las convocatorias públicas de ayudas; no ha habido apenas», explica. En el caso de Guadix se ha notado mucho que, tras perder los veinte mil habitantes, no se puede postular como potencial perceptor de los fondos europeos Edusi, a diferencia de lo ocurrido en otras localidades como Baza o Armilla. «Nos condenan a estar peor», lamenta Iván López, quien se pregunta «dónde está la financiación privada y la responsabilidad social de las grandes compañías del Ibex 35». Otra circunstancia que resta capacidad operativa -y económica- es la reducción del censo poblacional. Otro motivo que también influye en el cierre de edificios por falta de usuarios.

Hay pocos 'asideros' para los pequeños. Los Planes de Obras y Servicios de Diputación son una alternativa, aunque en muchos casos esta línea de subvenciones es la única que posibilita hacer algo a ayuntamientos con nula capacidad inversora. En Guadix, por continuar con el mismo ejemplo, el ochenta por ciento del presupuesto se va en gastos corrientes y personal. También pueden recurrir al Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), el antiguo PER. En ambos casos, en el de los Planes de la Diputación y en el PER, las cuantías son limitadas, a lo que hay que sumar el establecimiento de prioridades en función de otras necesidades como puede ser el arreglo de calles o de otro tipo de equipamientos.