Los cambios en la normativa triplican en un año la legalización de alojamientos turísticos

Según explica el delegado de Turismo en Granada, Guillermo Quero, «hasta ahora, en las plataformas en Internet se oferta de forma combinada todo tipo de alojamiento, y me refiero a apartamentos turísticos, pensiones, hostales y albergues, alojamientos legales e incluso los clandestinos, por lo que es plausible que las cifras de la oferta salgan distorsionadas y que se confundan las distintas categorías y denominaciones de la oferta de plazas».

De hecho, con los datos en la mano, la oferta en la capital granadina de apartamentos turísticos -«los de toda la vida, los de cuando subes a esquiar o bajas a la playa, explica-, suponen en la capital setenta establecimientos que ofertan 2.249 plazas. Si se suman con las pensiones (2.021 plazas) y las Viviendas con Finalidad Turística (VFT) (7.911 plazas), «la cifra que sale y que se oferta en Internet ya es superior a las 12.000 plazas». Y, todavía, «la oferta de la planta hotelera en la capital granadina «es de 15.456 plazas». La cuestión, subraya, «es que se están legalizando a la velocidad de la luz los alojamientos turísticos». Y obedece precisamente a una serie de razones que han explotado este mismo año.

En conjunto, se encuentran los posibles cambios que plantea el Gobierno para las viviendas turísticas, con un endurecimiento de las condiciones, nuevas limitaciones o la posibilidad de que los emprendedores puedan quedarse a expensas de la decisión de la comunidad de vecinos, que además, será suficiente con una votación ganada por mayoría simple.

En primer lugar están las intenciones del Gobierno. Apenas han pasado dos semanas desde que la secretaria de Estado de Turismo, Isabel María Oliver, anunciara en rueda de prensa la intención de regular las viviendas de uso turístico dando poder de decisión a las comunidades de vecinos. Desde entonces el temor a que hayan nuevas limitaciones en este nuevo y pujante negocio ha producido una respuesta inmediata por parte de muchos particulares.

Precisamente en Málaga, por poner un buen ejemplo, la semana pasada, en 48 horas se había pasado de las 30 a 35 inscripciones diarias a unas 80 «ante el temor de que el nuevo Gobierno implemente nuevas medidas en la Ley de Propiedad Horizontal que dificulten en el futuro esta actividad», publicaba el 'Diario Sur'.

Sin embargo, los especialistas y la Consejería de Turismo apuestan por otra razón para que se haya desatado esta suerte de fiebre de la legalización. Resulta que, como ya se ha publicado, el 30 de septiembre estaba marcado en el calendario como la fecha límite para que los usuarios de Airbnb incluyeran los números de registro turístico de la Junta de Andalucía de sus viviendas en la base de datos de la aplicación, en virtud de un acuerdo alcanzado en febrero entre la empresa y la Junta de Andalucía.

En la ciudad de Granada también ha ocurrido un incremento de la regularización de estas Viviendas con Finalidad Turística, que llevan en el ojo del huracán mediático dos años por su alegalidad o ilegalidad, según quien hable para criticarles. Pero está cambiando, y además lo hace a velocidad sideral. El decreto regulador de la Junta es de fecha de mayo de 2016. Este año, desde septiembre a diciembre, cuatro meses, se legalizaron 602 VFT, lo que supone una media al mes de 150 y de cinco legalizaciones al día. Estas cifras, al año siguiente, 2017, empezaron a crecer ante el 'boom', ya que a muchas familias les permitía contar con unos ingresos extras de forma más o menos cómoda.

En efecto, el año pasado se legalizaron un total de 1.956, lo que supone una media mensual de 163 frente a las 150 de 2016. Diariamente, se regularizaron 5,4 frente a las 5 del año anterior. Llega entonces 2018 y todas las previsiones saltan por los aires a partir de febrero, cuando se conoce el acuerdo con Airbnb para que las VFT solo puedan ser anunciadas si están convenientemente registradas en la Junta de Andalucía.

Veamos. En los nueve meses que median hasta septiembre se han legalizado 1939 en total, casi las mismas que en todo 2017. La diferencia es que a partir de marzo hasta septiembre, el aumento ha sido del 45%. Y se ha pasado de 150 en 2017 y 163 de media de legalizaciones mensuales a 267. Y de 5 y 5,4 legalizaciones diarias a 9.

La cuestión queda entonces en el marco del decreto regulador de la Junta de mayo de 2016, la intención anunciada por el Gobierno de otorgar poder de veto a las comunidades de vecinos para la instalación de alojamientos turísticos y, en fin, el acuerdo llegado con las plataformas en Internet como Airbnb para legalizar la actividad. Queda, sin embargo, una bolsa grande todavía de alojamientos piratas o clandestinos, a los que parece que entre el decreto, la intención del Gobierno y el pacto con Airbnb, no les queda más que legalizarse o morir.