Un cambio en la norma retrasa el uso del agua regenerada a los regantes de la Vega

Hace menos de dos años, cuando la autorización estaba en trámite un nuevo cambio en la normativa hizo que hubiera que reiniciar parte del proceso, según explicaron desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo que tiene que dar el visto bueno y que asegura que el objetivo siempre es que las aguas tengan las máximas garantías. La legislación es ahora más restrictiva y hará falta un nuevo informe de la Junta de Andalucía para ver si estas aguas cumplen con las exigencias sanitarias para poder usarse en el riego. Mientras tanto, los agricultores, ven como su inversión no sirve para nada.

Taboada explicó en declaraciones a IDEAL que ante las trabas burocráticas a las que llevan años enfrentándose, lo último que han solicitado es una autorización provisional mientras se acaba la tramitación. Sin embargo, tampoco lo han conseguido. Confiaban en poder contar con este permiso para los meses de verano, pero no ha sido así.

Las consecuencias han sido claras. Los agricultores de la Vega han tenido que renunciar al segundo cultivo para que todos puedan tener al menos una cosecha. La escasez de agua ha hecho que tengan que recurrir antes de lo previsto a la dotación de embalses concedida por la CHG. En 2024 utilizaron estos recursos hídricos a partir del 15 de junio, pero esta vez ya a principios de mayo tuvieron que tirar de este agua.

En aquel momento ya insistieron en que la única solución es poder usar agua regenerada y en que no entendían que contando con sistemas para depurar no se les permite utilizarlos para determinados cultivos como leñosos o alamedas, entre otros.

Ahora, la única solución que ven es que la Junta de Andalucía haga la obra de los terciarios, que permitirá utilizar estas aguas regeneradas. Porque ya casi han perdido la esperanza de que en algún momento llegue esa autorización, definitiva o provisional, para utilizar los cloradores cuyo coste sufragaron los propios agricultores. «Es la tercera vez que nos vemos en esta situación», afirmó Taboada.

Por su parte, desde la Confederación Hidrográfica recordaron que en 2023, ante las reivindicaciones de la Comunidad de Regantes Acequia Gorda, la Cuenca reclamó que los informes emitidos por parte de la Delegación Territorial en Granada de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía fueran claros «para garantizar la seguridad alimentaria de los consumidores». La CHG solicitó entonces a la autoridad sanitaria que manifestara, «expresa y claramente», el sentido de su informe ya sea favorable o desfavorable. Los agricultores dijeron en aquel momento que Sanidad sí les había dado el visto bueno.

Después de esto, hubo un nuevo cambio legislativo que ha hecho que el proceso tenga que iniciarse de nuevo. Los regantes insisten en que han presentado ya numerosos informes, con el coste que eso conlleva en los técnicos que se encargan de elaborar los estudios. Reiteran que durante tres años se utilizó aquella agua sin que supusiera ningún problema, por lo que no terminan de entender que después de eso todo se haya complicado tanto.

De momento, la única certeza es que los agricultores volverán a quedarse este año sin segundo cultivo, con las pérdidas que eso conlleva.