La Cámara de Cuentas fiscalizará la llegada de la zona de bajas emisiones
El órgano autonómico auditará a Granada y al resto de ciudades andaluzas para asegurarse de la puesta en marcha de las medidas
La Cámara de Cuentas de Andalucía examinará la puesta en funcionamiento de la zona de bajas emisiones en Granada y el resto de ciudades autonómicas ... con más de 50.000 habitantes. La auditoría, que ya ha sido comunicada a las urbes afectadas, tiene por objetivo asegurar el «cumplimiento de la normativa que exige la implantación».
Este periódico ha accedido a la documentación remitida por la Cámara de Cuentas a las principales capitales andaluzas, entre ellas Granada. En la comunicación, el órgano recuerda la obligación de estos municipios de establecer zonas de bajas emisiones en respuesta «a un conjunto de compromisos normativos y sociales orientados a mitigar la contaminación atmosférica y fomentar la movilidad sostenible».
Entre otros textos legislativos, cita la Ley de Cambio Climático, que exige las restricciones a las localidades con más de 50.000 habitantes o aquellas con más de 20.000 que padezcan altos niveles de contaminación, y el Real Decreto aprobado en 2022 que regulaba los requisitos mínimos que deben satisfacer las zonas de bajas emisiones.
La Cámara de Cuentas va a analizar las medidas adoptadas entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de marzo de este año, aunque el examen se extenderá también a aquellas iniciativas llevadas a cabo tanto antes o después de este plazo si fuese oportuno de cara a la fiscalización, que debe concluir «si las entidades cumplen con la normativa» y cuyo dictamen podrá incluir recomendaciones para subsanar las deficiencias que pudieran observarse.
La auditoría refleja el interés de la administración por el cumplimiento en la puesta en marcha de las limitaciones, una cuestión que fue señalada este martes por la edil de Movilidad, Ana Agudo. En un audio remitido a los medios, la concejala recordó que la zona de bajas emisiones es obligatoria «por ley» y aclaró que su entrada en funcionamiento responde a la Ley de Cambio Climático, que exigía que estuviera activa ya desde el 1 de enero de 2023.
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