«Di por bueno el cambio en las fincas con las firmas aportadas y el DNI»

Los hechos se remontan al año 2007, cuando una familia habría engañado supuestamente a una conocida para modificar las lindes de una finca ubicada en el Barranco de la Golondrina de Almuñécar. El fraude se habría producido con la intervención del funcionario del Ayuntamiento de Almuñécar. Los acusados fueron interrogados por la sala ayer durante la primera sesión del juicio. A preguntas del fiscal y la acusación particular, el vecino que se vio beneficiado por la presunta alteración de las lindes de la que resultó una nueva finca registral , aseguró que fueron sus padres quienes se encargaron de los trámites. Además, señaló que esos terrenos pertenecían a su familia. El matrimonio, ya de avanzada edad, no será juzgado al haber surgido causas sobrevenidas que les hacen inimputables.

Por su parte, el funcionario, ya jubilado, admitió en el juicio que se encargó del expediente de rectificación y negó relación con cualquiera de los acusados. «Inicié el expediente a través de una señora de la Caleta de Salobreña que reclamaba una finca suya que no salía en el catastro», manifestó. «Se redactó la comparecencia y las copias de los planos con los resultantes del catastro. La señora fue la que se encargaba de todo», señaló en relación a que quienes iniciaron el expediente de modificación recopilaron las firmas y DNI de los afectados, que no se personaron en el Ayuntamiento para los cambios en las lindes. Reiteró que no exigió ningún titulo o contrato que ubicara que la parcela pertenecía a la persona que inició el expediente, aunque si acudió al paraje Barranco de la Golondrina con el matrimonio. De igual forma, aseguró que no hizo comprobación y dio por buena la aportación de la firma y el DNI de los implicados.

Sobre si esto era una práctica habitual, el funcionario aseguró que sí y destacó que en aquella época había una sobrecarga de trabajo y «agobio» en el catastro a raíz de la expropiación de terrenos para la construcción de la autovía.

La fiscalía solicita para el hijo penas que computan en seis años y tres meses de prisión por los delitos de falsificación de documentos, alteración de lindes y un delito de estafa impropia. Además, demanda para el funcionario otros cuatro años de prisión por falsificación documental y otros cuatro años de inhabilitación para el empleo de su cargo.