Barcelona también quiere la Agencia de Salud Pública a la que aspira Granada

La Generalitat confirmó hace apenas unos días la voluntad de la ciudad condal de sumarse a la carrera en la que lleva embarcada Granada desde hace casi dos años. Según informó Gaceta Médica, las autoridades catalanas, que ya en 2022 mostraron interés en el ente, creen que su llegada podría hacer de la comunidad «un polo de atracción de conocimiento y de talento en el mundo de la salud pública».

Fuentes del sector consultadas por este periódico confirman que la candidatura barcelonesa podría tener un nivel «muy alto». A nivel sanitario, la ciudad cuenta con grandes centros de referencia tanto en lo que se refiere al tratamiento de enfermedades, el seguimiento de la salud pública o la investigación. Además, posee una importante red de empresas del sector, entre las que destacan algunas de las farmacéuticas más relevantes del país.

El aspecto más relevante se encuentra, no obstante, en la potencia de la ciudad condal en materia de salud pública. La capital catalana ya es sede de la agencia autonómica de salud pública, precisamente uno de los órganos que debe coordinarse con el ente estatal de cara al cumplimiento de sus funciones, como el diagnóstico del estado de la población o la reacción ante una posible pandemia.

Se trata de una cuestión especialmente relevante si se tiene en cuenta el debate existente en torno a la aprobación de la ley que dará forma al organismo en la comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. Casi la totalidad de las formaciones, pero muy especialmente las independentistas, presentaron alegaciones al texto el otoño pasado para clarificar el ámbito competencial de la futura agencia.

Como contó entonces este periódico, las sugerencias estaban dirigidas a evitar el choque entre el nuevo organismo y las comunidades autónomas. Hay que recordar que se trata de una institución que ejercerá sus funciones en el marco de la vigilancia de la salud pública, la preparación y respuesta frente a futuras emergencias, el asesoramiento y evaluación o la información y comunicación de riesgos para la salud. Algunos de estos fines afectan a competencias que ejercen las regiones, por lo que la colaboración con cada de una de las respectivas agencias autonómicas se antoja clave.

Frente a la candidatura catalana, Granada cuenta también numerosos elementos a favor de su elección, con el peso nacional e internacional de la Escuela Andaluza de Salud Pública como principal baluarte y una red de centros de investigación y atención sanitaria vinculadas a la Universidad de Granada del máximo nivel.

Más allá de la presentación de candidaturas, el foco sigue fijado en la aprobación de la ley en el Congreso de los Diputados. A menos de una semana de que se cumpla un año de la aprobación del proyecto por el Consejo de Ministros, el texto sigue bloqueado en la comisión de Sanidad.

Buena parte del retraso se explica por los sucesivos cambios planteados por los diferentes grupos de la cámara en las aportaciones presentadas. Varias de ellas, como las trasladadas por los diputados del Junts y del PNV, fueron retiradas con el fin de afinar las mejoras solicitadas. En los últimos meses, sin embargo, la dificultad se encuentra en la resolución de las alegaciones, un asunto delicado para el Gobierno, que señaló meses atrás que aspiraba a sacar la normativa con el máximo consenso posible.

El desbloqueo es vital también para clarificar si, como todo apunta, la agencia se incluirá en el proceso de descentralización. Fuentes del Gobierno ya apuntaron a IDEAL hace unos meses que la decisión y la fórmula para escoger la sede se recogería en un reglamento que se redactará una vez se apruebe la ley.