Bajan las denuncias por la venta ilegal debido a las jubilaciones en Policía Local

De ahí que las administraciones municipales se afanen cada año en perseguir un negocio pirata por cuyo concepto se presentaron en Granada un total de 435 denuncias el año pasado. A pesar de estos datos –facilitados a IDEAL por el área de Movilidad y Seguridad Ciudadana–, 2019 cerró con peores registros que en mismo periodo del año anterior, donde se levantaron en total 462 expedientes. Una caída cercana al 6% que el titular de esta Concejalía, César Díaz, contextualiza en la merma de efectivos que se produjo el año pasado en la plantilla de la Policía Local. Según explica, se fueron 45. Y lo hicieron aprovechándose de las bondades del decreto de jubilación anticipada aprobado por el Gobierno central, que permite a estos funcionarios retirarse a la edad de 60 años.

Díaz siempre ha dejado claro desde que ocupa el cargo de concejal, que la lucha contra la venta ilegal que invade el espacio público es una de sus prioridades. De ahí que haya puesto en marcha una reestructuración de la plantilla con el afán de alcanzar mejores resultados en esta difícil empresa ajustándose a los recursos que tiene a su disposición hoy. Aunque estas plazas se irán reponiendo a través de convocatorias de empleo público, la reorganización de la Policía Local busca precisamente reforzar las secciones que se encuentran a pie de calle, precisamente aquellas que más encima están de los 'manteros'.

De acuerdo con el balance confeccionado por la Jefatura de la Policía Local de Granada, el número de incautaciones también ha caído, aunque ligeramente, respecto a 2018. Se han realizado un total de 191 de enero a diciembre de 2019, por las 198 del año anterior.De los doce meses que ya se ven por el retrovisor, se puede destacar que el mayor número de intervenciones se han llevado a cabo sobre todo en lugares del centro y de mucha impronta turística.

Precisamente fue en la zona de Plaza Nueva, Calderería y proximidades donde se registraron más actuaciones de la Policía Local. Hubo 43 incautaciones, de las que solo en cuatro se pudo identificar y denunciar a su autor. Otro espacio en el que se actuó con celo fue en el Mirador de SanNicolás. La estadística facilitada a IDEAL por la Policía Local concluye que allí se levantaron un total de 20 actas a vendedores ambulantes por operar sin la pertinente licencia. En su mayoría de productos o artículos de artesanía, ropa o complementos. Según el edil de Movilidad y Seguridad Ciudadana, librar a las zonas turísticas de estas actividades va a ser una de las claves de bóveda de su gestión al frente de la Concejalía. En Plaza Nueva, Cuesta de San Gregorio, Calderería o sus proximidades se levantaron el año pasado 23 actas, y en la zona de la avenida de Dílar otras 20.

Otros puntos calientes en los que hay 'top manta' en la ciudad son la Acera del Casino o la del Darro, Isabel la Católica, Puente Romano o Mariana Pineda. En todas ellas se actuó en 2019 y se seguirá haciéndolo este año. El objetivo es acabar con la venta 'pirata', que está muy presente también en los mercadillos que se celebran semanalmente en la ciudad. El año pasado se realizaron 48 incautaciones en estos lugares donde los vendedores sin licencia creen pasar desapercibidos.

El edil delegado de estas atribuciones explica que el procedimiento que se sigue una vez que se realiza una intervención depende de si se coge al vendedor o si huye dejando la mercancía, que suele ser lo más habitual. «Normalmente lo que ocurre es que cuando llegamos, el infractor ya se ha ido corriendo porque suele encontrarse de forma ilegal en el país», reconoce Díaz. Explica que lo que se hace entonces es mandar al juzgado una denuncia por incautación para que se investigue el origen de los artículos y si estos son falsificaciones. «Se deja en mano de los tribunales y los efectos incautados quedan bajo custodia seis meses. En cuanto acaba este periodo, nosotros estamos obligados a destruirlo todo», señala el concejal.

Por otro lado, en el caso de que se coja 'in fraganti' al 'mantero', lo primero es identificarle y abrirle un acta por vulnerar la ordenanza. Si su situación en España se encuentra fuera de los márgenes legales, se deriva a extranjería, que se hace cargo de su caso.