El Ayuntamiento de Granada subirá un 50% el IBI a las viviendas vacías de grandes propietarios

El recargo contemplado por la normativa a las viviendas vacías en manos de grandes propietarios, bancos o «grandes especuladores» se incluirá en las ordenanzas fiscales para el año 2022 y en un plazo máximo de seis meses «en concordancia con los que establezca la normativa autonómica y estatal» se trabajará en la creación de una ordenanza que defina qué es una vivienda vacía o un gran propietario. La elaboración de la ordenanza requerirá esos seis mess, por lo que al estar establecida la fecha de devengo del IBI en el 1 de enero de 2022, el recargo del impuesto no podrá ser efectivo hasta el año 2023.

En cualquier caso, han remarcado ambos ediles, la medida no afectará a los granadinos que tengan segundas residencias, solo a los grandes propietarios de inmuebles.

El Ayuntamiento de Granada se da así seis meses para definir en una ordenanza todos los aspectos legales que que permitan aplicar «con seguridad jurídica» la norma que gravará a las viviendas de grandes tenedores, que en el caso de la normativa estatal serían los propietarios de más de diez viviendas. El edil Francisco Puentedura ha señalado que la referencia que tienen por el momento es un estudio de la UGR, del año 2013, que cifraba en 15.000 el número de viviendas vacías en la capital granadina, «de ellas el 80% está en manos de grandes propietarios», que son los que se verían afectados por la medida.

El recargo del IBI a estos grandes propietarios se aplica ya en ayuntamientos como los de Sevilla, Córdoba, Valencia e incluso en algunos gobernados por el PP como el de Burguillos (Sevilla), según ha especificado Puentedura, que ha defendido la posibilidad de aplicación de la medida a nivel municipal a pesar del rechazo de la Junta de Andalucía.

Otra medida que se incluirá en las ordenanzas fiscales para 2022 pasa por compensar la subida de valores catastrales en un 3% de 2020, elevando el tramo máximo por el que se puede aplicar la bonificación de un 90% del IBI Social, que pasa de 60.000 a 62.000 euros. Esto permitirá que muchas familias que en 2021 se quedaron sin poder acceder a esta bonificación tengan derecho el próximo año.

También se incluirá en el expediente de ordenanzas fiscales para 2022 la aplicación en los tipos diferenciados del IBI a nuevos usos recogidos en la normativa y en el Decreto 1020/1993 de 25 de junio, incluyendo gasolineras, bancos, salas de fiesta, discotecas , casinos, salones de juegos o colegios mayores, entre otros. Se modificarán los umbrales de aplicación y el tipo atendiendo a criterios de progresividad fiscal, para acabar «con situaciones de injusticia social y fraude a la aplicación del ipuesto». Asimismo se garantizar «dar estabilidad a la estructura de ingresos y evitar que suba el impuesto modificando el tipo general».

Esto es, según Muñoz y Puentedura, el recargo a las viviendas vacías de grandes propietarios y la aplicación de tipos diferenciados de IBI a nuevas edificaciones permitirá al Ayuntamiento elevar la recaudación en unos dos millones de euros, sin subir el tipo general del IBI y sin que se vean afectados los propietarios de residencias.

El pacto de las ordenanzas fiscales, que se ha venido negociando desde que el PSOE accedió al gobierno e incorporan propuestas históricas de Unidas Podemos, tienen como prioridad «atender las necesidades más urgentes que el Ayuntamiento de Granada no ha aplicado en los dos últimos años, especialmente aquellas destinadas a atender a los sectores económicos de la ciudad y a los grupos de población que más han sufrido la pandemia».

Para ello han escuchado propuestas de colectivos sociales, vecinales, sindicatos y organizaciones empresariales y trabajadores dentro de sectores como la hostelería, el turismo, el comercio y la industria cultural granadina.

Otra de las medidas concretas para conseguir mayor progresividad fiscal que llevará a cabo el gobierno municipal es la de modificar el callejero fiscal con la revisión de los indicadores para calcular la realidad socieconómica de cada calle «buscando más criterios de progresividad fiscal que sirvan para corregir las medidas y a justar cada calle a su verdadera situación socioeconómica». Pretenden, en este sentido, corregir desproporciones muy elevadas entre los valores más altos y más bajos de la misma calle.

«Vamos a dividir en tramos más pequeños las calles muy extensas que generan muchos desajustes. Proponemos que a las calles que superen un kilómetro les sean aplicadas las categorías fiscales por tramos», han explicado. La modificación del callejero fiscal se realizará en un plazo de seis meses.