El Ayuntamiento de Granada lleva ocho años al borde del abismo

Aunque la situación financiera del ente municipal nunca ha sido especialmente boyante, el origen del mal que afecta actualmente a las arcas consistoriales hay que buscarlo en el comienzo de esta década. El desplome de los ingresos provocado por la crisis empujó al gobierno de Mariano Rajoy a finales de 2011 a buscar iniciativas que permitiesen a los entes públicos hacer frente a sus obligaciones y, al mismo tiempo, facilitar que el Ejecutivo alcanzara su objetivo de déficit. En el punto de mira estaba también evitar la ruina de miles de compañías y 'pymes', que veían cómo sus facturas se acumulaban sin respuesta.

La solución fue el plan de pago a proveedores, un mecanismo ideado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y aprobado en 2012 que daba a las corporaciones la posibilidad de saldar las cuentas con las empresas. La medida fue recibida con entusiasmo por ayuntamientos de toda España, entre ellos el de Granada.

El gobierno municipal, entonces encabezado por el popular José Torres Hurtado, vio como de la noche a la mañana sus mayores problemas estaban resueltos tras solicitar 107 millones de euros de crédito a pagar en una década. Lo que no advirtió fueron las consecuencias.

Con una deuda bancaria mayor, un presupuesto que establecía el gasto en función de los derechos reconocidos -esto es, todas las facturas emitidas por el Consistorio en lugar de sólo aquellas que tiene la certeza de cobrar- y la obligación de priorizar sus compromisos financieros, los recibos pendientes por servicios como el de limpieza, transporte público, mantenimiento de jardines o ayuda a domicilio volvieron a acumularse. El Ayuntamiento no tuvo más remedio que pedir un nuevo crédito en 2013 para hacer frente a la grave situación.

Con el IBI congelado por compromiso electoral y los valores catastrales sin renovar desde 1997, el entonces equipo de gobierno recurrió a medidas como la renegociación de contratos. El más importante acometido fue el de Transportes Rober. La concejala de Movilidad en aquel mandato, Telesfora Ruiz, reordenó las líneas de autobús con el objetivo de ahorrar y actualizó el convenio para introducir un nuevo mecanismo que simplificara el abono del servicio. El resultado, sin embargo, fue el contrario.

El gasto se incrementó y la falta de acuerdo a la hora de abordar la liquidación llevó a ambas partes a un largo litigio que se ha repetido año a año hasta la actualidad. Rober fue acumulando sentencias favorables que, además de reconocer un coste mayor del servicio del que originalmente Movilidad determinaba, incluían intereses de demora, lo que engordó la deuda con la empresa.

Para 2016, la situación colocó al Ayuntamiento al borde de la intervención. La respuesta de la corporación fue aprobar un plan de ajuste que imponía obligaciones de inexcusable cumplimiento para bajar la deuda a medio plazo. Por un lado, se reforzó la priorización del pago de los créditos bancarios frente el abono de las facturas pendientes y se recortó el gasto de servicios como el de Inagra. Por otro, se certificó la amortización de plazas, se propuso el recorte de puestos directivos en entidades adscritas al Consistorio como Gegsa y se modificaron excensiones fiscales como las que se existían para vehículos con una antigüedad superior a los 25 años. La receta aprobada por el pleno, sin embargo, nunca terminó de ser cumplida, como ha venido reconociendo en diferentes informes el área de Intervención del Ayuntamiento.

La inestabilidad política provocada por la investigación policial por la presunta corrupción del gobierno de Torres Hurtado tampoco favoreció una solución ágil del problema.

Con el socialista Francisco Cuenca al frente, el Ayuntamiento logró bajar la deuda financiera hasta los 180 millones de euros y mejorar el remanente de tesorería en 20 millones de euros. Sin embargo, las obligaciones con los proveedores -Inagra y Rober, principalmente- crecieron hasta los 90 millones de euros y el periodo medio de pago subió de 90 días a más de 200. La prórroga de los presupuestos, aprobados en 2015, y la falta de apoyo para introducir modificaciones fiscales tampoco permitieron al entonces responsable de Economía, Baldomero Oliver, disponer de más herramientas para hacer frente a la situación.

A principios de este año, la esperanza quedó depositada en dos medidas, la ponencia de valores y las nuevas líneas de crédito que el gobierno de Pedro Sánchez había anunciado para las corporaciones locales.

La primera, que supondría la renovación tras más de dos décadas de los valores catastrales de la ciudad y el aumento de los ingresos, fue solicitada por Oliver a Hacienda en primavera y nada más se supo de ella tras el cambio de gobierno. La segunda fue la aprobada este miércoles con el apoyo de todas las formaciones salvo el PSOE, que rechazó el procedimiento seguido por el bipartito.

Para la edil Raquel Ruz, «el pleno no se sujetaba ni en el fondo ni en la forma» y denunció la falta de transparencia del gobierno municipal, que no aportó toda la información necesaria para valorar la medida a tiempo. La socialista, por otra parte, fue muy crítica con Ciudadanos, al que reprochó que rechazara la subida del IBI a las rentas más altas y a las empresas con mayores ingresos en el mandato anterior y ahora sí impulsara una subida del impuesto lineal para todos los granadinos.

Podemos-IU, que apoyó la medida, insistió ayer en lo inevitable de su aprobación -«Era susto o muerte», señaló el concejal Francisco Puentedura- y se unió a las críticas al procedimiento seguido por el bipartito.

Por parte del equipo de gobierno, el concejal César Díaz aseguró que la subida aprobada el miércoles no era «opinable», sino una «orden» de Hacienda y criticó la oposición del PSOE a la medida. «Hubiera entendido la abstención, pero no el voto en contra -dijo-. Ellos son conocedores como nadie de la situación económica del Ayuntamiento».