El Ayuntamiento de Granada se abre a revocar licencias turísticas si Junta y Gobierno aprueban la legislación
El edil de Urbanismo ha hecho estas declaraciones después de que el PSOE haya afeado la falta de medidas contra estos negocios en barrios saturados
El Ayuntamiento de Granada está abierto a quitar licencias de viviendas turísticas en aquellos barrios en los que la proliferación de estos negocios exceda el ... límite máximo marcado por la normativa. Así lo ha confirmado el concejal de Urbanismo, Enrique Catalina, durante la sesión plenaria que ha tenido lugar este viernes en la capital.
El debate sobre el crecimiento excesivo de los alquileres turísticos en algunos puntos de Granada ha protagonizado buena parte del pleno celebrado este viernes. Durante la cita, el equipo de gobierno de Marifrán Carazo ha sacado adelante una medida para topar el número máximo de viviendas dedicadas a este fin en la ciudad, una propuesta que se ha aprobado sin votos en contra pero con críticas de la oposición por la falta de soluciones específicas para los barrios que ya superan el límite y por carecer de incentivos para garantizar que los propietarios saquen sus pisos al mercado residencial normal.
Ha sido durante la defensa del expediente cuando el responsable de Urbanismo ha abierto la puerta a actuar en los barrios saturados, como Albaicín, Fígares o Centro, donde los alquileres turísticos ya están asentados en uno de cada cuatro viviendas.
A instancias del grupo municipal socialista, que ha exigido a los populares que reclamen a la Junta de Andalucía la aprobación de una legislación que permita revocar las licencias turísticas en estas ubicaciones para ajustarlas al límite del 10% aprobado, Enrique Catalina ha reconocido que está dispuesto a intervenir para lograrlo. «Si nos dan herramientas legales para poder revertir, sea desde la Junta o desde el Gobierno, las aplicaremos encantado», ha asegurado el concejal.
La semana pasada, durante el debate del expediente en la comisión informativa de Urbanismo, la cuestión ya estuvo sobre la mesa. El edil socialista Eduardo Castillo ya afeó a los populares que el tope aprobado llegaba tarde para barrios como Albaicín o Fígares donde se supera el máximo de negocios de este tipo. Catalina ya entonces aseguró que el Consistorio no tenía competencias en la materia, aunque dejó entrever que meditaba pedir herramientas al Gobierno autonómico para equilibrar la situación.
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