El Ayuntamiento estrecha la vigilancia a los promotores de despedidas de soltero

Despedida de soltera en la calle Elvira. /FERMÍN RODRÍGUEZ
Despedida de soltera en la calle Elvira. / FERMÍN RODRÍGUEZ

Los grupos municipales acuerdan endurecer la aplicación de la normativa y responsabilizar a las empresas de las actividades que alteren el orden

JAVIER MORALESGRANADA

El Ayuntamiento quiere atajar las molestias –ruido, suciedad y altercados– que provoca el turismo de despedidas de soltero. Granada sigue marcada en el mapa como una de las ciudades más atractivas para celebrar estas fiestas que, a diferencia de lo que sucede con una visita de larga estancia, apenas generan ingresos para la ciudad. Mientras unos establecimientos cuelgan carteles de «prohibida la entrada a despedidas», otras empresas –más de una decena en una búsqueda sencilla en Internet– aprovechan el 'tirón' para vender paquetes especializados que incluyen viaje, estancia y fiesta. Los grupos municipales acordaron ayer responsabilizar a los promotores de las molestias que los grupos puedan ocasionar a los vecinos.

Es el resultado de una reunión a la que asistieron los portavoces de todos los partidos y en la que también trataron el crecimiento del parque de viviendas turísticas y la necesidad de reducir la contaminación. En lo relativo a las despedidas no habrá –al menos a corto plazo– una normativa específica, pero sí un incremento del control para hacer cumplir la ordenanza de la convivencia. Declaración de intenciones que se traduciría en más vigilancia policial a los grupos, a pie de calle, y en la identificación e inspección de las organizadoras de despedidas con el objetivo de detectar posibles incumplimientos.

Restricciones de tráfico

En el encuentro también se trató el problema de la contaminación. Como explicó el alcalde en declaraciones a IDEAL, los vehículos privados son responsables de buena parte de las emisiones. De ahí que las primeras ideas que ayer se debatieron tengan como objeto incrementar el uso del transporte público, que los coches queden aparcados a las afueras. Propusieron además exenciones en los impuestos municipales para los vehículos menos emisores, cláusulas para que los de las empresas contratadas por el Ayuntamiento sean no contaminantes o restricciones a la circulación por el Centro a vehículos calificados como contaminantes por la DGT. El consistorio quiere que todos los coches porten la pegatina identificativa. Estas restricciones no afectarían a los residentes.

A partir de septiembre, un grupo de trabajo pulirá la idea y avanzará en hipotéticos cambios de la ordenanza. «Vamos a identificar y perseguir a las empresas promotoras que son en parte responsables de la prestación de este tipo de servicios (...) La propia normativa nos va a permitir esa aplicación que ya estamos llevando a cabo y queremos que sea taxativa, contundente», señaló ayer el alcalde, Francisco Cuenca.

«Tenemos la ordenanza de la convivencia y hay que cumplirla, porque el descanso de los vecinos es fundamental y el turismo 'low cost' no es el más oportuno», señaló la portavoz del PP, Rocío Díaz, quien añadió que la reunión mantenida en la tarde de ayer fue una primera toma de contacto de cara a lograr un «consenso sobre cómo tratar y afrontar una serie de decisiones de cara al futuro de la ciudad».

Coincidió el portavoz de C's, Manuel Olivares: «Lo hemos dicho muchas veces, no hay que inventar nada nuevo, es hacer cumplir las ordenanzas, no hay otra medida más efectiva». Exigió un «cumplimiento taxativo de las ordenanzas sin ningún complejo». La Policía Local será protagonista en las futuras reuniones del grupo de trabajo.

La ordenanza de la convivencia contempla sanciones de hasta 3.000 euros. Pero las tipificadas como 'leves', que son las de aplicación en infracciones de ruido o consumo de alcohol en la calle, no pueden superar los 750 euros.

No hay alusiones específicas a este tipo de grupos, pero sí a cuestiones, como la emisión de ruidos, que alteren la tranquilidad vecinal en la vía pública. Uno de los focos de la molestia es el habitual megáfono que portan los grupos. «Habrá que ver si el cuadro de sanciones que plantea la normativa es suficiente o no lo es», opinó Francisco Puentedura (IU). «Se centró el debate en la opción de actuar no sólo sobre los grupos que generan problemas, sino sobre aquellos locales que lo recogen (...)y las empresas organizadoras de este tipo de despedidas», agregó Puentedura. Algunas de las fiestas son «auténticas 'gymkhanas'» por las calles de la capital. Los 'packs' de despedida parten de los 95 euros por persona, con alojamiento, limusinas y entrada a discotecas.

«Hay que cuidar a los habitantes y residentes», planteó Marta Gutiérrez, portavoz de 'Vamos, Granada'. «Lo que es bueno para los habitantes es bueno para el turismo, y viceversa», añadió. Los planteamientos que ayer se pusieron sobre la mesa van en la línea de algunas de las mociones propuestas meses atrás por este partido de cara a lograr un «turismo sostenible».

Viviendas turísticas

Las despedidas encuentran un aliado en las conocidas como viviendas turísticas: pisos destinados al alquiler por días a través de plataformas digitales. Los hoteles pueden 'detectar' a las despedidas e impedir su entrada, como explicó a IDEAL el presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo, Trinitario Betoret. Pero «los grupos van a los pisos, donde hay menos control».

Este tipo de viviendas fue otro de los asuntos tratados en la mesa tras la irrupción en los últimos años de las empresas digitales en las que los propietarios de las viviendas ponen sus habitaciones a disposición por días. Capitales como Madrid, Barcelona o San Sebastián han dado los primeros pasos para regular un negocio que se traduce en un incremento de los precios del alquiler habitual.

El inconveniente a la hora de poner coto al número de viviendas turísticas ilegales es que las competencias son autonómicas y nacionales. Los portavoces consensuaron ayer elevar declaraciones institucionales a Gobierno central y Junta de Andalucía para instarles a que tomen medidas. Por ejemplo, que estos pisos sean declarados como actividad mercantil y tributen el IRPF.

Pero también se abrió la opción de actuar a nivel local, con un sistema que permita limitar el número de estas viviendas en cada zona de la ciudad. Algo que, a priori, se podría conseguir con modificaciones de los planes especiales de protección de Albaicín,Centro y Alhambra y el Plan General de Ordenación urbana (PGOU).

Solicitarán al área de Urbanismo, con septiembre como horizonte, un borrador con los cambios que serían necesarios para implantar este sistema. Los límites se establecerían a partir de los datos recabados en un primer censo para detectar las zonas más 'saturadas' en colaboración con la Policía Autonómica.