El Ayuntamiento consulta al juzgado si ha de tomar más medidas sobre el subinspector acusado de malos tratos

Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas este jueves la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, del PP, después de que este subinspector de la Policía Local, que se enfrenta a una petición de fiscalía de casi siete años de cárcel por la presunta comisión de delitos de malos tratos, fuera puesto en libertad provisional este pasado miércoles tras ser detenido de nuevo por presunto quebrantamiento de la orden de alejamiento que le prohíbe acercarse a la que fuera su mujer.

Carazo se ha remitido a las explicaciones que, tras el nombramiento de este agente como jefe de estudios de la Escuela de la Policía Local a finales del pasado abril, diera el Ayuntamiento, cuando explicó en un comunicado que había solicitado «un cambio de destino por motivos personales» y que dicho traslado «se ha realizado al único puesto disponible de su categoría de subinspector».

Este jueves la alcaldesa ha apuntado que la investigación «avanza» y que en ese contexto el Ayuntamiento tiene que seguir ofreciendo su «colaboración» a la justicia como le «corresponde». «Hemos cumplido todo aquello que nos ha solicitado» la autoridad judicial y en la mañana de este jueves, «a la vista de lo que ha ocurrido también esta semana, hemos vuelto a escribir al juzgado solicitándole información en su caso» de «si tuviéramos que tomar alguna acción que fuera necesaria, dado el momento de la investigación», ha indicado Carazo. «El resto forma parte del trabajo interno diario de la propia Policía», ha concluido.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Granada, en funciones de guardia, acordaba este pasado miércoles la puesta en libertad provisional del agente. Su detención ha derivado en la apertura de un proceso judicial por diligencias previas después de que no aceptara el acuerdo de conformidad propuesto por la Fiscalía y por la necesidad de seguir investigando las circunstancias y motivos por los que se produjo el presunto quebrantamiento de la orden de alejamiento.

Mientras esto se sustancia, el juzgado le ha impuesto la prohibición de «acudir o residir» en el municipio de Armilla, lugar de residencia de la presunta víctima, bajo apercibimiento expreso de incurrir en un delito de desobediencia o de que se adopten nuevas medidas cautelares contra el agente que impliquen mayor limitación de su libertad, según consta en el auto. El próximo lunes 19 de mayo el juzgado de lo Penal número 5 tiene previsto una vista preliminar entre las partes implicadas.

Por otra parte, el mismo subinspector es además uno de los al menos siete agentes investigados por el Juzgado de Instrucción Número 4 de la capital por uso indebido del sistema viogén, herramienta empleada para proteger a las mujeres víctimas de violencia machista.