«Avalancha» de demandas en los juzgados de familia para sortear la nueva norma

Sabina Galdeano, abogada y miembro de la junta directiva de la asociación, señala a IDEAL que la norma crea «confusión». La ley, en muchos casos, plantea la obligatoriedad de pasar por órganos de mediación en controversias antes de llegar a la via judicial. Para la asociación la ley no especifica de manera clara qué materias relacionadas con el derecho de familia deben someterse obligatoriamente a un métodos alternativos de solución de controversias, lo que, a juicio de la asociación, deja un margen de interpretación amplio y puede generar incertidumbre a los profesionales y ciudadanos. Estiman que los retrasos se podrían ampliar a dos meses adicionales antes de un asunto pueda llegar al tribunal.

En la misma línea, considera que la entrada en vigor de la normativa se traducirá en una «disparidad de criterios e inseguridad jurídica». «La falta de una regulación clara puede dar lugar a interpretaciones diversas por parte de los distintos órganos judiciales, lo que genera inseguridad jurídica y dificulta la aplicación uniforme de la ley», argumenta la asociación.

«Las dificultades que puede suponer la debida acreditación del intento de actividad negociadora previa antes de acudir a la vía judicial; el cómputo de los nuevos y numerosos plazos previstos en la ley; el deber de confidencialidad respecto a la información y documentación utilizada en el proceso de negociación y la importante reforma operada en materia de costas. con el objetivo de reducir el número de asuntos que llegan a los tribunales mediante una negociación previa entre las partes, con el objetivo de encontrar una solución extrajudicial al conflicto pueden terminar por empeorar la situción», manifiesta.

En España, los tipos de arbitraje y mediación más comunes son la negociación entre abogados, la mediación de un tercero, la conciliación y la abogacía colaborativa. Todos ellos están poco implantados en nuestro país. El problema es que actualmente, no todas las localidades cuentan con juzgados especializados en materia de Familia, Infancia y Capacidad. «En no pocos procesos, imponer los mecanismos de arbitraje supondrá una traba para acceder a los tribunales. Esto es preocupante en asuntos con menores involucrados, en situaciones delicadas que pueden suponer problemas y poner en peligro incluso a los afectados», sentencia.