La Audiencia Provincial de Granada advirtió dos veces al Gobierno de los fallos en las pulseras antimaltratadores

Así consta en una misiva remitida este lunes por la presidenta del Observatorio y vocal del Consejo General del Poder Judicial, Esther Erice, a la delegada del gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, en respuesta a la que ésta le remitió la semana pasada expresando su «preocupación» por la «alarma innecesaria» creada sobre los fallos en estos dispositivos de seguimiento. El Observatorio contra la Violencia de Género, un ente que depende del órgano de gobierno de los jueces, comunicó otra incidencia remitida por un órgano judicial de Galicia, de la que dieron traslado a la Delegación el 27 de febrero de 2025.

Aunque Erice apunta a que las incidencias deben comunicarse «al servicio competente de su gestión, que no son ni los juzgados y tribunales ni el CGPJ», puntualiza que las que puedan recibirse en el Observatorio «son trasladadas a los organismos competentes» para así «garantizar el correcto cumplimiento de las medidas de alejamiento acordadas».

La cuestión relativa a los problemas detectados en el funcionamiento del sistema de dispositivos electrónicos fue tratada «de forma exhaustiva» en la reunión del pleno del Observatorio celebrada el 27 de febrero de este año. En el curso de dicha reunión, señala la carta, «intervinieron todas las instituciones concernidas que integran este órgano y se adoptaron medidas para agilizar aún más, si cabe, la transmisión de las incidencias que pudieran producirse». En concreto, por parte del Observatorio «se interesó de quien gestiona estos dispositivos que se adoptaran las medidas necesarias para solventar las incidencias y propiciar las mejoras adecuadas».

En esa misma reunión, se dio asimismo cuenta por parte del Observatorio de la puesta en marcha de una encuesta dirigida a los titulares de los órganos judiciales con competencias en materia de violencia sobre la mujer, iniciativa que se desarrolló durante los meses de febrero y marzo y de cuyo resultado está previsto informar al resto de las instituciones en la reunión del Pleno del Observatorio que se celebrará previsiblemente octubre.

En esta reunión se pondrán asimismo en conocimiento de todas las instituciones las conclusiones que sobre las disfunciones advertidas en el sistema se alcanzaron en las XXIII Jornadas de Presidentes y Presidentas de Audiencias Provinciales, aprobadas el pasado 25 de marzo y de las que la Comisión Permanente del CGPJ acordó el 6 de mayo siguiente dar traslado al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Cabe recordar además que la Fiscalía Provincial de Granada también detectó y dio parte de las deficiencias a la Fiscalía General del Estado. En su memoria, alertaba de que son numerosas las «deficiencias y desajustes» por errores técnicos, como fallos de cobertura, ubicaciones incorrectas y dilaciones en la instalación de las pulseras, que han provocado «muchas sentencias absolutorias apoyadas en la falta de pruebas» o sobreseimientos, lo que dificulta el seguimiento y control de las penas y medidas cautelares de alejamiento.

La memoria provincial de la fiscalía relata episodios concretos en los que incluso un agente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado constató durante una intervención fallos en la geolocalización cuando el agresor y la víctima estaban en el mismo espacio. El escrito advierte de que en varias ocasiones tras darse cita ante el juzgado de guardia para la implantación del dispositivo al investigado y condenado, la instalación no ha podido llevarse a cabo «por problemas técnicos», siendo preciso citar nuevamente a agresores e investigados. Los juzgados han llegado a llamar más de una hora al Centro Cometa para que acusaran recibo del envío de la documentación y concertaron la hora de implantación del dispositivo al obligado sin respuesta y alargando la espera para los implicados.