La Audiencia manda investigar una supuesta prevaricación en un nombramiento del SAS en Granada

Un médico del Virgen de las Nieves ha denunciado ante la justicia la suspensión de una convocatoria de selección para la cobertura de la jefatura de una unidad. De igual modo, expone que durante más de cuatro años se mantuvo en dicho servicio a un facultativo como jefe provisional, pese a que la normativa limita el plazo a seis meses.

De acuerdo con la audiencia provincial y «según los acontecimientos vertidos en la querella», tanto la suspensión de la convocatoria del proceso de selección para la cobertura de la jefatura de un servicio del hospital como el mantenimiento en situación de provisionalidad del doctor en la jefatura «habrían sido actos adoptados con plena conciencia de que se decidía al margen del ordenamiento jurídico y de que se ocasionaba un resultado materialmente injusto». El auto remacha que «si estos extremos relatados en la querella fueran ciertos no podría descartarse la existencia de un delito de prevaricación».

El abogado del querellante, que logró el puesto de jefe de servicio en un proceso de selección posterior, interpuso un recurso de reforma y apelación ante la Audiencia Provincial después de que el juzgado de la capital inadmitiera el caso al considerar que era un asunto administrativo. Según la querella, a la que ha tenido acceso IDEAL, a mediados del mes de marzo de 2020 se nombró de manera provisional a un jefe de servicio de la unidad y en septiembre de ese año se llevó a cabo la convocatoria de cobertura del cargo intermedio. Una vez convocado el proceso selectivo, el médico denunciante comentó a la gerente su voluntad de aspirar a la jefatura. Sin embargo, «tras esa conversación y de manera inmediata», se dictó una resolución en la que dejaba sin efecto la convocatoria.

Según el querellante, la resolución no permitía conocer cuáles fueron los criterios jurídicos esenciales sobre los que se basa y se fundamenta la decisión de suspender el procedimiento. Además de «arbitraria», consideran la medida «ilegal» ya que los hechos «evidencian a su vez la voluntad de mantener al jefe provisional en el cargo».

Sin embargo, según consta en documentación del SAS a la que ha tenido acceso este medio, el servicio en cuestión se quedó sin directivo por un proceso de incapacidad temporal de su anterior titular, por lo que se nombró de forma temporal en marzo de 2020 y hasta poder cubrir la vacante a otro facultativo como directivo sin que la asignación de dichas funciones conllevara retribución adicional.

De igual forma, el médico querellante considera que se ha producido una situación de abuso de poder y actos de acoso laboral. Entre los episodios, relata que alertó a través de un acta notarial de una brecha de seguridad por el uso de Whatsapp entre los sanitarios, ya que existía un grupo en el que se volcaban historiales clínicos de pacientes.

Como consecuencia de esa denuncia, y siempre en versión del denunciante, en lugar de ponerla en conocimiento del Delegado de Protección de Datos del Servicio Andaluz de Salud, la gerente dictó una resolución iniciando una información reservada y un expediente disciplinario contra el médico, un expediente que quedó archivado. Por último, el facultativo ha expuesto que la gerente trató de incluir a tres médicos en el equipo de trasplantes, pese a la falta de competencia de la querellada y la falta de cualidades de los sanitarios. A este respecto, la audiencia alude a la existencia de otro posible delito de prevaricación.

El abogado del querellante, Onofre Miralles, advierte de que el Delegado de Protección de Datos del SAS ha iniciado la apertura de un expediente informativo por esa supuesta brecha de seguridad, en contraste con la actitud que tomó la gerencia del hospital. Miralles lamenta que esa misma información fue utilizada para la apertura de un expediente disciplinario «injusto, caprichoso y arbitrario que la Audiencia Provincial ha considerado presuntamente delictivo y susceptible de investigación». El letrado adelanta que habrá una ampliación de la querella por falsificación de documento público y por calumnias.

Este medio se puso en contacto con el SAS y la gerente, que han preferido no hacer declaraciones y esperar a que la investigación judicial esclarezca los hechos.